Digámoslo claro: Somos los ciudadanos -con los altos precios de las gasolinas que pagamos- quienes estamos financiando el déficit del presupuesto público. La drástica caída de los ingresos petroleros y un gasto corriente que siguió creciendo a tambor batiente durante enero pasado, según los registros de Hacienda, son las dos principales razones para que se haya registrado un déficit sin precedentes en el sector público para un primer mes del año de casi 92 mil millones de pesos.
Y, claro, eso implicó que las ‘ganancias’ que obtiene Hacienda -vía impuestos- por los altos precios de las gasolinas que comercializa Pemex en México se hayan convertido en el principal amortiguador de un déficit presupuestal que ya es preocupante ante un escenario futuro altamente volátil.
El asunto ya lo habíamos comentado ampliamente aquí en enero pasado, en previsión de las malas cifras que ahora nos reporta la hacienda pública al arranque de este año. El 19 de enero pasado (¿Quién paga la caída petrolera?) decíamos: “ante la amenaza que se cierne sobre potenciales recortes al gasto presupuestario aprobado por el Congreso para este año derivado de la brutal caída de los precios petroleros, también serán los bolsillos de los consumidores los que paguen las consecuencias.
Ya el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se adelantó la semana pasada a tranquilizar a los inversionistas por los efectos nocivos derivados de la caída de los ingresos petroleros en las finanzas públicas. Ni más deuda, ni mayor déficit, fue el mensaje del secretario. En todo caso -dijo- se recortaría el gasto público. Un mensaje que lució prudente, responsable y que, por lo tanto, cumplió su objetivo de tranquilizar a los mercados. Pero el secretario no dio la explicación completa de cómo el gobierno piensa enfrentar el choque de menores ingresos petroleros sobre el gasto público… Lo que no ha dicho Hacienda públicamente es que se prevé que la afectación al gasto público sea realmente menor porque una buena parte de este déficit de 6,500 millones -alrededor de 66%- se compensaría con las ganancias que obtiene Hacienda por vender gasolinas caras en México”.
Ahora con las cifras en la mano sabemos que el problema del déficit presupuestario es mayúsculo y requerirá de nuevos y serios recortes al gasto público, particularmente de gasto corriente al que tanto se ha resistido el sector público, sobre todo en un año electoral. Aquella promesa del secretario de Hacienda de que en 2016 se planteará un presupuesto ‘base cero’ está muy bien si se busca efectivamente incidir de raíz en la calidad del gasto; pero son muchos los meses que aún restan en este año, por lo que habrá que adoptar medidas intermedias de recorte al gasto con la urgencia que requiere la situación de las finanzas públicas y en una clara señal de compromiso del gobierno con la estabilidad macroeconómica.
Y es que el horno no está para bollos en el asunto de la confianza en la política económica como lo ha dicho -y lo ha dicho bien- Alfredo Coutiño, el director de Moody’s Analytics en un reciente artículo publicado en www.arenapublica.com: “En el México de hoy vemos que la credibilidad se ha perdido por tres razones: uno, porque no se cumple lo que se promete; dos, porque se promete más de lo que se puede cumplir; tres, porque se hace lo contrario de lo que se dice. El común denominador es que se ha pecado de imprudencia e inconsistencia. En algunos casos se ha dicho más de lo debido con tal de convencer, en otros se ha asegurado algo que tiene una alta probabilidad de no suceder, y en otros se han tomado acciones que no son consistentes con lo que se dijo”.
Allí está la raíz del problema. Entretanto, cada vez que un mexicano compra un litro de gasolina financia con creces el despilfarro público que urge detener.