Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado, buscarán aprobar hoy el dictamen relativo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenamiento complementario de la reforma constitucional en la materia.
A poco más de un mes de haberse vencido el plazo constitucional para la aprobación de esta ley, las tres comisiones encargadas de definir esta nueva legislación están en condiciones de avalar los 213 artículos contenidos en proyecto de dictamen que, hasta ayer, estaban bajo revisión de sus integrantes.
Luego de más de 300 horas de trabajo, sobre un proyecto que no lograba consenso, quedaron resueltos temas sobre la apertura de información relativa a temas de seguridad nacional; información relativa a fideicomisos; prueba de daño; así como un nuevo catálogo de sanciones contra los sujetos obligados que se nieguen a entregar información.
Sin embargo, en el proyecto de dictamen, que hoy estará sujeto todavía a modificación, aún se conserva en el artículo 47, el candado por el que se le impide al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la apertura de información relacionada con averiguaciones previas que investiguen hechos que constituyan graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, cuando no exista previa intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En relación a la prueba de daño, otro de los temas polémicos sobre este producto legislativo, se señala que para negar información los sujetos obligados deberán justificar y demostrar que la divulgación de está representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.
El documento que buscarán avalara la mañana de este jueves las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, que presiden los senadores Pablo Escudero Morales (PVEM), Cristina Díaz Salazar (PRI) y Alejandro Encinas Rodríguez (PRD), establece las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información; regula los medios de impugnación; establece las obligaciones de todos los sujetos obligados a entregar información; y determina un catálogo de sanciones y multas.
En este último punto, se sugiere que los organismos garantes puedan imponer medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, ya sea una amonestación pública; o una multa, de 150 hasta mil 500 veces el salario mínimo general (entre 10 mil 500 a 105 mil 150 pesos), sanciones que se impondrán por no responder solicitudes de información, incumplir plazos de atención, entregar información incompleta, declarar inexistente información que debe ser generada por los sujetos obligados y denegar información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial.
Llama Barbosa a reducir impuestos
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado al gobierno federal a contemplar la reducción en los impuestos para reactivar la economía, debido a las afectaciones que están generando la depreciación del peso frente al dólar y la baja en los precios del petróleo.
“Hay que preocuparnos por revisar las condiciones en las cuales las familias deben tener mejores condiciones para poder consumir lo necesario, tener lo necesario para adquirir lo que el bienestar humano requiere (…) Hay que pensar si la disminución en los impuestos debe ser ya motivo de análisis y de definición”, declaró.
Al advertir que la economía no ha ido bien en los últimos meses, debido a factores internos y externos, el líder parlamentario declaró que es preciso rediseñar la política económica actual, revisando variables como la inversión privada y pública, la generación de empleos, los precios de los artículos básicos, así como los precios de los combustibles.
“El asunto de la relación peso-dólar nos lleva a revisar muchos más elementos en estos momentos de esta situación económica que no es benéfica y que está afectando de manera horizontal, transversal, a toda la vida de los mexicanos. Hay que revisar cuál es el efecto más negativo, si seguir en esta posición de recaudación sobre impuestos que están afectando el crecimiento y la inversión, o si nos esperamos a que en algún año de estos que vienen se recupere el precio del petróleo y hasta entonces hacer un reajuste fiscal”, señaló
El también líder del PRD en la Cámara alta, consideró que hoy se quiere hacer pasar una devaluación de la moneda nacional, como un fortalecimiento del dólar, bajo el argumento de que la economía mexicana está estable, así como los niveles de inflación; no obstante aseguró que es innegable que la depreciación del peso está generando consecuencias económicas muy negativas para las familias, su ingreso y para la participación de las empresas mexicanas en el mundo.
Ante esta situación, el senador Barbosa Huerta, afirmó que se analizará la posibilidad de citar ante este órgano legislativo, al secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, a fin de que explique a los legisladores, cuál será el futuro de la economía mexicana para lo que resta del sexenio.