A partir de este viernes, personal de la Dirección General de Juegos y Sorteos, y de la Procuraduría General de la República instalarán mesas de diálogo con dueños de máquinas tragamonedas, a fin de encontrar un acuerdo que ponga fin a los excesos que se han cometido con la aplicación de los operativos para requisar estos aparatos en todo el país.
La reunión se acordó con representantes de la Secretaría de Gobernación, luego de una marcha que realizaron los dueños de las llamadas “maquinitas” por Paseo de la Reforma, con la cual denunciaron las violaciones que sufren por parte de agentes federales que implementan este programa.
Araceli Gutiérrez Caballero, representante de estos comerciantes, denunció que el plan tiene tintes electorales debido a las aspiraciones de Marcela Gonzáles Salas Petricioli, ex responsable de la Dirección de Juegos y Sorteos, tenía de ser candidata plurinominal por el PRI a la Cámara de Diputados.
Fue por ello que presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que ya le dio entrada, por lo que esperan una resolución favorable.
Al sostener que el gremio tenido pérdidas millonarias por la requisa de las maquinas, indicó que plantean a las autoridades que se establezca una regulación adecuada de este medio de entretenimiento.
En tanto, el abogado Ricardo Márquez detalló que la autoridad se comprometió a realizar una investigación por el decomiso de los artefactos porque presentaron videos de la forma en que se les violan sus derechos humanos.
“Se comprometieron a realizar investigación de los procesos, por las violaciones, porque no pueden llegar y abrir locales ni hacer cateos ni inspecciones sin documento previo”, detalló.
Y es que, señalan, agentes federales y personal de los tres niveles de gobierno cobran cuotas por las máquinas que son decomisadas, en claros actos de corrupción.
Los inconformes plantean la redacción de un reglamento y la inclusión de esta actividad en la Ley de Juegos y Sorteos que se discute en el Senado.
GH