El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en votación económica el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre los recursos que entidades públicas depositaron en Ficrea.
Asimismo, también se pide que de acuerdo con la investigación se finquen responsabilidades a quienes hayan comprometido dichos recursos públicos, invirtiéndolos en la Sociedad Financiero Popular (Sofipo) Ficrea.
También se solicitó a la CNBV que informe a esta soberanía cuáles autoridades, entidades o dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el ámbito federal y estatal, órganos autónomos desconcentrados y organismos públicos descentralizados, que depositaron o invirtieron recursos en Ficrea y los montos de éstos.
Asimismo, que especifique las empresas de participación estatal, empresas productivas del Estado y subsidiarias, procuradurías, agencias, institutos, comisiones, fideicomisos, fondos públicos, que reciban y ejerzan recursos públicos y fondos de ahorro para trabajadores que depositaron recursos en ese fideicomiso.
“Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a las Procuradurías Generales de Justicia del Distrito Federal y del estado de Coahuila, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Auditoría Superior de la Federación, para que se finque responsabilidades a los entes públicos y sujetos mencionados.
Ello, por haber comprometido recursos públicos, así como del patrimonio de los trabajadores, particularmente aquellos que corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal y de Coahuila, señala el punto de acuerdo.
En los posicionamientos, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se pronunció por encontrar una solución justa para quienes perdieron sus ahorros al confiar en invertir ahí y que fueron unos seis mil 876 personas.
La legisladora Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), consideró necesario que la Condusef utilice sus atribuciones para promover la cultura de la educación financiera, y criticó la falta de datos precisos sobre los recursos defraudados, para reparar el daño a los afectados, y dijo que las entidades públicas deben rendir cuentas.
A su vez, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano (MC), indicó que las atractivas tasas de interés de Ficrea le permitieron captar la atención de autoridades, y consideró que la Conducef incumplió con sus responsabilidades.
Además, para la legisladora Vargas Pérez, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue omisa al no detectar que Ficrea estuvo triangulando operaciones por unos dos mil 700 millones de pesos.
Finalmente, los diputados Humberto Alonso Morelli, del Partido Acción Nacional (PAN) y Abel Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresaron su voto en favor de este acuerdo para buscar principalmente justicia y transparentar las acciones de los entes públicos.