¿Qué es lo que el gobierno busca en el sistema bancario? ¿Reducir el riesgo sistémico manteniendo solvente a la banca o profundizar la actividad bancaria en la economía incrementando la oferta crediticia?
Las campañas publicitarias que hemos visto sobre la reforma financiera han hecho énfasis en lo segundo, sin embargo una lectura cuidadosa de la propia reforma financiera nos muestra que ésta es una prolongación de una política de mayor regulación sobre los bancos siguiendo las tendencias internacionales.
¿A qué le tiran la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿Buscan endurecer la política regulatoria o buscan favorecer la condiciones de oferta crediticia? Es muy probable que nos respondan que buscan ambos objetivos, aunque estas políticas luzcan contradictorias para los banqueros y analistas.
La reunión de los banqueros que hoy inicia en Acapulco y a la que asisten todas las autoridades financieras del país, debe ayudar a clarificar esta aparente contradicción en las políticas públicas condensadas en la llamada reforma financiera que aprobó el Congreso.
Me temo que la contradicción entre ambas políticas es reflejo de la propia dicotomía que existe al interior de las autoridades financieras. Mientras que la Secretaría de Hacienda –y por consiguiente la CNBV- insiste en que los bancos comerciales sean mucho más agresivos en su política crediticia; en cambio la postura del Banco de México ha estado tradicionalmente inclinada a cuidar los niveles de riesgo del sistema y la solvencia de los bancos.
El hecho es que la letra de la reforma financiera –a diferencia de lo que se pregona en los discursos públicos- ha puesto el acento en un endurecimiento de la regulación de los intermediarios financieros encareciendo los costos de intermediación para los bancos.
Hay que decir que la burra no era arisca, sino que la hicieron. La vasta experiencia mexicana reciente en materia de regulaciones laxas impulsadas por arreglos políticos, provocaron crisis recurrentes en el sistema bancario que contaminaron a la economía. En los últimos años Estados Unidos y Europa han vivido crisis bancarias similares a pesar de que pocos años antes presumían de contar con sistemas financieros sólidos, como fue el caso de España, hasta que se destapó la cloaca provocada por la búsqueda de beneficios a ultranza.
Con estos antecedentes ahora estos países buscan, medianamente, corregir algunos de estos errores y excesos con una regulación más estricta. Es el caso de la Regla Volcker en Estados Unidos, del Informe Vickers en Gran Bretaña o del Informe Liikanen en la Unión Europea que en esencia intentan reestructurar a los bancos para que el costo de las futuras crisis no recaiga en los contribuyentes y para que los bancos –al contar con mayor capital- asuman una mayor responsabilidad en su propio rescate (autorrescate).
Claro que el sistema bancario internacional con su enorme poder político ha atenuado el endurecimiento de las propuestas regulatorias de estas iniciativas, a pesar de que la profundidad y los daños de las crisis bancarias han sumido a los estados nacionales en prolongadas crisis de finanzas públicas y a una profundización de la desigualdad y de la pobreza de la población.
Estabilidad, solidez y utilidad para la inversión productiva es lo que se requiere del sistema bancario en México y hacia allá debe apuntar la política financiera pública. La calidad de estos tres ingredientes nos dirá si se tiene una banca para el desarrollo, como reza el lema de la reunión bancaria en este año.
Pero –cuidado- su ausencia o su mediocridad arroja una banca de especuladores engarzada con el poder político buscando beneficios a ultranza y pasando facturas a los contribuyentes cuando revientan sus burbujas.