Encauzado al terreno jurídico, el affaire Carmen Aristegui dejó planteados temas esenciales para revisar el periodismo en la transición democrática. Y ahí el saldo es negativo.
1.- El decreto de la Libertad Política de la Imprenta que aprobaron las Cortes de Cádiz en noviembre de 1810 se publicó en México hasta 1812. En su revista Juguetillo, Carlos María de Bustamante resumió en una frase el desafío para la prensa pero también para el poder: “¿Con qué podemos hablar?” No duró mucho: el virrey cerró medios para impedir la crítica.
2.- La lucha por la libertad de expresión no comenzó con Aristegui. En 1939 Lombardo Toledano usó a la CTM contra la revista Rotofoto hasta que la cerró por crítica. En 1951 el gobierno de Alemán cerró con la policía la revista Presente. En 1961 el empresario y político Rómulo O’Farril, dueño de Novedades, cerró México en la Cultura de Benítez por sus críticas al sistema político.
En 1966 Díaz Ordaz cerró Diario de México porque intercambió pies de foto entre su figura y la de un chango. En 1967 la presión oficial obligó al cierre de la revista Política de Marcué Pardiñas. En 1972 el gobierno de Echeverría instrumentó un boicot de publicidad contra Excélsior. En 1976 Echeverría apoyó a cooperativistas contrarios a Scherer. En 1981 y 1982 López Portillo ordenó boicot de publicidad contra Proceso. Y en mayo de 1984 fue asesinado el columnista Manuel Buendía, de Excélsior, cuando se disponía a denunciar a políticos y policías que apoyaban al narco.
3.- La crisis periodística quedó atrapada en un triángulo del poder: empresarios periodísticos subordinados al gobierno, un sistema priista autoritario presidencialista y periodistas desprotegidos en su tarea de informar y de criticar. Hasta el colapso periodístico de mediados de los setenta con la crisis en Excélsior, los medios representaban a la clase dominante política y sus alianzas empresariales. El punto central estaba localizado en la fiesta del Día de la Libertad de Prensa cada 7 de junio, creado para “agradecer” al presidente de la República que permitiera el ejercicio de la libertad. Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, hace un extraordinario recuento de esas celebraciones 1951-1993 en su libro Prensa vendida.
4.- De 1968 a 1997, la prensa crítica jugó un papel esencial en la disminución de la credibilidad política del régimen priista; la tarea corrió a cargo de periodistas críticos -más severos que los de ahora- y editores audaces que vieron en la crítica la posibilidad de conseguir credibilidad social. El periodismo crítico demostró que el régimen priista estaba desnudo.
5.- Pero el periodismo crítico fue agobiado por la configuración empresarial de los medios. A través de columnas anónimas de responsabilidad del editor, los dueños de los medios recuperaron su poder mediático y fueron desplazando a los periodistas críticos. El PAN en la presidencia en el 2000 no entendió la lógica de la democracia y actuó con los medios críticos siguiendo los guiones del PRI. El periodismo crítico, a su vez, se atrincheró pero sin promover reformas democratizadoras a favor de los medios.
6.- El pasivo de la prensa crítica está vigente: el periodismo sigue siendo negocio, el servicio social carece de una sociedad que subsidie medios críticos y la prensa ha pasado de vigilante del poder a militancia disidente parcializada. Los medios necesitan publicidad para vivir -la sociedad no compra- y la producción es cara por el papel, pero los anunciantes son empresas y gobiernos que exigen sumisión.
7.- Queda la urgencia de leyes que construyan un nuevo entarimado mediático que promueva la crítica y que abra espacios en medios concesionados y una sociedad que no grite consignas sino que financie la existencia de medios.