Representantes de organismos civiles acusaron que mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantienen una fractura sistemática sobre la información de las operaciones castrenses que realizan en materia policial, entre ellas la del caso Tlatlaya.

 

“Si no existe un control sobre la supervisión, y no existe documentación e información, información documentada de los operativos, no es posible control democrático sobre el uso de la fuerza”, aseguró Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia.

 

Durante una reunión con diputados federales, López Portillo explicó que el caso del asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, por integrantes del Ejército Mexicano en condiciones aún no claras, marca un síntoma al interior de las fuerzas armadas que se debe focalizar para el bien de las fuerzas armadas.

 

“No es posible que casos de esta gravedad no provoquen aprendizaje institucional, aprendizaje en la política pública, y aprendizaje de control democrático sobre el uso de la fuerza”, afirmó López Portillo.

 

Recordó que las fuerzas armas -Ejército Mexicano y Marina Armada de México- realizan una función que no les corresponde sobre las actividades del orden de policía, debido a “un atrampa que el Estado mexicano se puso así mismo”.

 

“Y fue el abandono histórico, la manipulación política, sobre las instituciones policiales y el aparato de justicia penal; ahora estamos pagando el costo de la trampa, de la trampa que el Estado mexicano se puso a sí misma”, afirmó.

 

Sobre este caso, Perseo Quiroz, integrante de Amnistía Internacional, cuestionó que hasta el momento se carezca de algún señalamiento en contra de algún mando castrense, quien posiblemente podría ser el responsable directo al aprobar una agresión en contra de 22 ciudadanos el pasado 30 de junio.

 

“El hilo en México siempre se revienta por lo más delgado, si bien es cierto que hay siete militares involucrados en el caso Tlatlaya o que están siendo investigados, no hay ningún nivel de mando alto, cuando todas las versiones, testimonios, que se han dado hacen suponer que niveles altos de mando tuvieron involucramiento en el caso no jalando el gatillo directamente.

 

“Pero justamente a través, primero de encubrir lo que sucedió allí, recordemos que lo que sucedió ahí dado una investigación de periodistas y de organismos independientes de derechos humanos que nos revelaron que la discursiva oficial de lo que sucedió en Tlatlaya no era cierta”, afirmó.

 

Por su parte, la legisladora Elena Tapia Fonllem (PRD) expresó la negativa de instituciones como la Sedena, la PGR y el gobierno del estado de México, para proporcionar información a los legisladores sobre el caso Tlatlaya, “pone en riesgo la rendición de cuentas y la transparencia”, advirtió.

 

En esta reunión estuvieron presentes –también– Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos; Carlos Silva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.