Es responsabilidad del Poder Judicial tomar la recomendación de la CIDH de reclasificar como delito de desaparición forzada el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, indicó el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo.

 

“Corresponde al Poder Judicial valorar el alcance de las recomendaciones“, dijo el funcionario durante el lanzamiento del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes. “La recomendación va dirigida a que los jueces que vayan a tener conocimiento de estos casos procesen las investigaciones y el juicio bajo el tipo de desaparición forzada y no bajo otros como el secuestro agravado”.

 

Gómez Robledo indicó que estas recomendaciones van dirigidas a proteger en toda su dimensión el bien jurídico, que en opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la PGR, estará mejor resguardado a través de la persecución del delito de desaparición forzada, pero al fin y al cabo corresponde al sistema judicial mexicano “tomar la determinación que corresponda”.

 

El funcionario dijo que esta acción es congruente con la línea de acción que ha seguido la Procuraduría General de la República (PGR) a través del Ministerio Público, en donde se configuran los casos con elementos penales correspondientes a la desaparición forzada por el caso iguala.

 

El subsecretario aclaró que las recomendaciones del grupo son de carácter preliminar, debido a que el grupo de expertos de la CIDH tiene apenas 20 días en territorio mexicano, de un mandato de seis meses, y que todavía realizarán más investigaciones después de la Semana Santa.

 

GH