Algunos jueces y magistrados en el Distrito Federal desacatan las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos, ya que no aplican los criterios que dicta la norma al momento de sus actuaciones judiciales.

 

Así lo afirmó Rosy Laura Castellanos, directora del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, quien refirió que siguen las prácticas de violaciones al debido proceso, presunción de inocencia, reconocimiento de pruebas periciales sobre tortura y otras prácticas comunes sobre los vicios en la impartición de justicia.

 

“Estamos ahorita en un diagnóstico, ya habíamos hecho un diagnóstico previo en el que las personas que se dedican a la impartición de justicia no quieren reconocer la reforma constitucional de 2011, no solamente en el Distrito Federal sino a nivel nacional”.

 

“No aplican los conocimientos que implican una reforma en derechos humanos que es por ley, tiene un rango constitucional, para nosotros como sociedad civil el que un juez, un magistrado un estudiante o un abogado no conozca la reforma constitucional y no aplique conforme a los derechos humanos, es un desacato”, apuntó.

 

Con base en ello se procedió a la firma de convenio del proyecto La Reforma Constitucional de Derechos Humanos en México, por el cual la delegación de la Unión Europea entregó un fondo de 1 millón de euros para la capacitación y divulgación de la citada reforma.

 

En este sentido, Laura Castellanos informó que la capacitación está dirigida a jueces, magistrados, estudiantes, abogados y todo el personal involucrado en ciencia jurídica para la aplicación de las reformas en materia de derechos humanos.

 

Además, los recursos serán distribuidos en cinco entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, estado de México y el Distrito Federal, aunque el espectro y los objetivos son ambiciosos para el financiamiento que se recibe.

 

La activista reconoció que los recursos son limitados, pues del total destinado por la Unión Europea, le tocará de 200 mil euros a cada entidad para que los utilicen con respecto a las necesidades de cada uno de los estados que resultaron beneficiados a través de un concurso de selección en el cual expusieron su proyecto para obtener los recursos.