El Juzgado Primero de Amparo Penal sobreseyó el último juicio que promovió María de los Ángeles Pineda Villa, y como la mujer no se inconformó ante dicha determinación en el término que marca la ley, dio por cerrado el proceso y ordenó destruir el expediente.
A través de los estrados del Consejo de la Judicatura Federal se informó sobre la demanda 3/2015 que promovió Pineda Villa por actos fuera del juicio en contra de su libertad e incomunicación que fue sobreseído en días anteriores, y aunque tenía derecho a impugnar la resolución ya no lo hizo.
“Vista la certificación precedente, al no haber interpuesto las partes dentro del plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo el recurso de revisión… se declara que la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio de amparo dictada el… ha causado ejecutoria…archívese el presente expediente como asunto concluido… Es susceptible de destrucción…”, informó el juez de la causa.
El pasado cinco de enero presentó el juicio 3/2015 ante el juez Primero de Distrito de Amparo Penal quien le otorgó la suspensión de plano contra los actos privativos de la libertad e incomunicación.
Pineda Villa reclamaba a la PGR los “ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial e incomunicación”, esto previo a su consignación ante el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, y haber ingresado al Penal Femenil en Nayarit.
Sin embargo, el juez de Distrito sobreseyó el asunto porque ya había causado ejecutoria la orden de aprehensión, y habían cesado los actos reclamados, entre ellos, la incomunicación.
Una de las principales implicadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, María de los Ángeles Pineda Villa, tramitó al menos cuatro demandas de amparo en contra de la orden de aprehensión, arraigo, consignación en su contra, así y congelamiento de cuentas bancarias. En los cuatro de los juicios se le negó la suspensión definitiva.
La presentación de juicios inició en octubre pasado, cuando la mujer y su esposo, José Luis Abarca Velázquez se encontraban prófugos de la justicia, pues fueron señalados directamente por su colaborador, Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos de haber ordenado la desaparición de los normalistas.
El primer juicio, 985/2014, fue presentado el 13 de octubre ante el Juzgado 11 de Distrito de Amparo Penal, en contra de actos privativos de la libertad, posible orden de aprehensión.
En su demanda nombró a más de 12 autoridades federales y locales de Guerrero, y fue desechado al negarle la suspensión definitiva a pocos días, porque en ese entonces no existía la orden de aprehensión en su contra, como informaron oficialmente las instituciones emplazadas.
Posteriormente, el seis de noviembre, tramitó el juicio 1131/2014 en conjunto con su esposo José Luis Abarca, cuando aún estaban ante el Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada, en contra de autos privativos de la libertad, y violaciones a las garantías individuales, entre otras.
Posteriormente, el 10 de diciembre tramitó el juicio 1235/2014 ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo, nuevamente en contra de la orden de aprehensión, extensión del arraigo, pero también por el congelamiento de sus cuentas bancarias, en ésta demanda se le negó la suspensión definitiva, y se espera que en breve se sobresea.
GH