Los 12 países integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP), en el que se incluye México, negocian en secreto normas supranacionales para otorgar privilegios a inversionistas extranjeros por encima de los nacionales entre los que se pretende que tribunales extrajudiciales resuelvan disputas con las políticas de cada nación, así lo reveló Wikileaks en un documento filtrado al diario La Jornada.
Según la versión más reciente del acuerdo, fechada el 20 de enero pasado, las empresas extranjeras podrían exigir compensaciones pagadas por los contribuyentes cuando consideren que las autoridades nacionales no respetan los privilegios financieros, ambientales y de uso de suelo, entre otros, que el propio acuerdo les otorgaría.
De aprobarse este documento, que Public Citizen verificó la autenticidad, las empresas tendrían facultad de exigir los pagos gubernamentales que se calcularían con base en las ganancias que perderían por omisión de las autoridades locales de las normas establecidas por el acuerdo.
También especifica que dicho tribunal tendría capacidad de resolver litigios entre gobiernos y las empresas por concesiones de tierras nacionales.
Incluso concede a los foráneos el derecho a impugnar acciones que reduzcan el valor de su inversión en lo que el texto llama “expropiación indirecta” y elimina la propuesta del borrador de 2012 que obligaba a los inversionistas agotar las vías legales locales antes de promover una demanda.
Además contradice los consensos internacionales adoptados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como una manera de prevenir crisis financieras.