El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, puntualizó que no hay fecha para la entrega de resultados sobre la investigación de posible conflicto de interés en la compra de la casa blanca por parte de Angélica Rivera de Peña, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, y de la casa del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ambas compradas a Higa, contratista del gobierno.
En conferencia, el funcionario explicó que los avances de la investigación dependen de la entrega de información para la integración del expediente.
“Lo que se privilegia no es solamente tener toda la información, sino hacer todo el análisis y con el debido sustento jurídico. Lo que es cierto es que la información sobre la investigación se dará una vez que tengamos la investigación plena y el dictamen definitivo”, dijo Andrade.
El proceso de investigación se lleva a cabo en tres líneas: los procesos de contratación con la empresa Higa, el posible conflicto de interés y el patrimonio, en este caso de la esposa del Presidente y del secretario de Hacienda. Todo se lleva a cabo de manera paralela y sin presiones de tiempos, por lo que el titular de la SFP no quiso dar una fecha para su conclusión.
Lo que sí dijo es que la próxima vez que entreguen información concreta de la investigación será cuando tengan el resultado definitivo del dictamen y resolución, mismo que tendrá el aval de un panel de expertos aún por definir.
Sobre los avances contra la corrupción que le toca implementar al Ejecutivo federal, aseguró que para mayo ya estará dando los primeros resultados en cinco puntos: prevención de conflicto de interés, declaración patrimonial, reglas de integridad, la lista de funcionarios relacionados con los contratos públicos y en su caso, sanciones a burócratas que hayan violado las reglas de contratación.
“Cada una de las acciones tiene su calendario, ya que las acciones ejecutivas ni se pueden echar a andar por una cuestión discrecional”, subrayó el funcionario.
Estas acciones están comprendidas dentro de las acciones ejecutivas que anunció el presidente Enrique Peña Nieto en febrero pasado como un impulso a la política de combate a la corrupción.
Acuerdo anticorrupción
La Secretaría de la Función Pública y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmaron un convenio de colaboración en materia de combate a la corrupción, donde la iniciativa privada se compromete a cerrar filas con el gobierno federal en este tema.
El presidente de la CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que en la iniciativa privada toman el tema de la corrupción con mucha seriedad, con autocrítica y compromiso en su combate tanto de funcionarios como empresarios.
“El objetivo de este convenio es que el sector privado ayude a la autoridad para que aquellas empresas que caigan en actos de corrupción puedan ser sancionadas. Yo creo que gran parte de las empresas que se dedican a hacer actos de corrupción no están afiliadas(a alguna cámara u organismo empresarial), pero por supuesto que existen”, dijo.
Entre los temas a los que ambas instancias se compromete poner atención son: contrataciones, adquisiciones y obra pública, tanto en los temas de corrupción como de conflicto de interés.
Uno de cada 10 pesos, para corrupción
En México uno de cada 10 pesos de son usados para actos de corrupción, reveló el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, por lo que consideró como normal que exista desconfianza en las instituciones en países como México.
“Nos encontramos en un contexto donde uno de cada 10 pesos en el mundo se utilizan para tratar de sacar una ventaja indebida en la relación público-privada cuando el sector privado va a contratarse con gobierno. Uno de cada 10 pesos que algún funcionario público le solicita a un particular para poder sacar ventaja en una relación específica”, dijo en su intervención durante el panel Transparencia y combate a la corrupción dentro de las actividades de la Convención Nacional de Industriales.
El funcionario añadió que esta corrupción afecta la confianza de los ciudadanos ante su gobierno, más en tiempos donde la información es abierta gracias a los avances tecnológicos, y también por la globalización que abre la puerta para que grandes empresas abusen de su poder económico para sacar ventaja.
Ante esta situación, en el Gobierno federal pusieron de prioridad en 2015 el tema de combate a la corrupción, y muestra de ello el presidente Enrique Peña Nieto emitió una serie de acciones ejecutivas en este sentido.