Anteayer preguntábamos en este espacio ¿hasta dónde quiere realmente llegar el gobierno con su cuestionamiento sobre el tamaño y la calidad del gasto público para 2016, al implantar un modelo de presupuesto base cero?
Podríamos pensar que el planteamiento es inteligente porque, de entrada, el presidente Peña Nieto envía un mensaje directo a políticos, empresarios y funcionarios publicos que viven (justificadamente o no) del presupuesto público. El mensaje es que viene prácticamente una auditoría a las partidas que se asignan cada año.
Eso está bien. Cualquier ciudadano que acude a una oficina pública o que recibe un servicio del Estado sabe, o intuye, que el gasto público en México es un asunto pasado por la ineficiencia y por la corrupción. Así que no hay duda que un ejercicio así, de presupuesto base cero, habrá mucha tela de donde cortar.
Pero la pregunta inicial es ¿hasta dónde quiere realmente llegar el gobierno con este cuestionamiento al gasto? ¿Es acaso solo un mensaje para salir del paso pero que cuya compleja ejecución técnica y política quedará a medias?
¿Tienen los funcionarios actuales de Hacienda el conocimiento preciso de las miles de partidas presupuestales, de sus duplicidades, de sus controles y excesos? ¿Acaso estará dispuesto el gobierno federal a recortar un sinfín de tareas que asumió por razones de control político y que en realidad no le competen? ¿Acaso tiene la fuerza política para aplicar este modelo de gestión presupuestal a los poderes legislativo y judicial cuyo ejercicio presupuestal en los últimos años se ha caracterizado por el despilfarro?
¿En este ejercicio de presupuesto base cero están contemplados los montos destinados a los partidos políticos y a los procesos electorales, por ejemplo? ¿Qué de los ejercicios presupuestales de las empresas productivas del Estado y de los organismos públicos autónomos y de sus particulares intereses creados a lo largo de décadas? ¿Acaso el gobierno federal estará dispuesto a meter las tijeras a subsidios, transferencias y prebendas que desde el presupuesto se canalizan bajo diversos mecanismos a organismos sociales, sindicatos y también a empresas privadas afines al gobierno?
¿Cuánto personal planea recortar el gobierno federal y en qué tiempo? ¿Acaso están contemplados en ese recorte de la burocracia la enorme cantidad de asesores, secretarios, secretarios particulares, jefes de oficina, cocineros, choferes, asistentes y hasta edecanes que laboran en todas las secretarías de Estado, empresas públicas y organismos autónomos al servicio de sus titulares, de los subsecretarios, coordinadores de área y directores generales?
¿Habrán nuevas reglas de austeridad acordes a la ética en el ejercicio del gasto público para los llamados ‘gastos operativos’, ‘gastos de administración, y ‘gastos de representación’ y que tradicionalmente han sido espacios para los excesos y la corrupción? ¿Acaso el presidente Enrique Peña Nieto ha contemplado en este ejercicio de responsabilidad sobre el gasto público, meter reversa al millonario gasto para comprar y mantener un avión presidencial con las características y el lujo de un Boeing 787 Dreamliner de última generación?
El tema lo puso sobre la mesa el propio secretario de Hacienda y el presidente Peña Nieto ha abundado sobre el asunto. Recientemente el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, siguiendo la línea de su jefe dijo públicamente que “tenemos que redimensionar el tamaño del gobierno acorde a nuestra nueva realidad. Esto va en la línea con tener un gobierno austero, que se apriete el cinturón, que tenga las mínimas plazas indispensables para operar de manera eficiente”.
¿Se excedió Galindo en sus afirmaciones? ¿Realmente hasta allá quiere llegar el gobierno? ¡Bien! Entonces tienen respuestas positivas las preguntas que hicimos líneas arriba y se puede decir que los recortes llegaron a la burocracia.