De no haber intervenido a tiempo a Oceanografía se pudo poner en riesgo la explotación petrolera en el país, reconoció Héctor Orozco Fernández, titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), quien precisó que actualmente los adeudos de la empresa ascienden a más de 14 mil millones de pesos.
La naviera, explicó, pudo “haber evitado la continuidad de la explotación petrolera importante para el Estado, importante para la ciudad, importante para el país, es de interés público”.
Al comparecer ante diputados federales de la comisión Oceanografía, Orozco Fernández dijo que la deuda de la empresa asciende a 14 mil 394 millones de pesos.
Explicó que desde el momento en que se aseguró a esa empresa y el SAE asumió su administración no se ha celebrado un solo contrato con Pemex y detalló que han sido liquidados más de 4 mil 500 trabajadores.
En estos momentos, apuntó, la empresa opera con mil 500 personas, entre trabajadores “mar adentro” y administrativos.
A la fecha, detalló, existen 204 acreedores reconocidos con 245 créditos y el adeudo asciende a 14 mil 394 millones de pesos.
Orozco Fernández aseguró que la empresa intervenida por el Estado enfrenta en estos momentos dos escenarios: el de la conciliación entre las partes involucradas: “acreedores, comerciantes y la conciliadora”, para que pueda seguir operando, o que el juez determine la quiebra de la misma.
La operación
Recordó que con la intervención de Oceanografía, por órdenes de la Procuraduría General de la República (PGR), el SAE se encargó de la administración de la empresa a partir del 28 de febrero de 2014, luego de una denuncia de fraude por 360 millones de dólares, interpuesta por Banamex.
Orozco Fernández expresó que la empresa contaba aproximadamente con 11 mil empleados, pero cuando se aseguró por el SAE sólo había 7 mil.
Señaló que “el futuro de la empresa está francamente comprometido” debido a que 95% de los recursos de la empresa provienen de contratos con Pemex.
El funcionario federal agregó que la ley exige al SAE actuar como un “administrador diligente” y que, por ello, intentó que Oceanografía pudiera participar en licitaciones.
“Sin embargo, y a pesar de que hoy el juez ha determinado provisionalmente que la inhabilitación queda suspendida, la realidad es que las condiciones de la empresa, financieras y fiscales no le permiten reunir los requisitos que Pemex le exige a sus proveedores”, explicó.