El Instituto Federal de Acceso a la Información ordenó a Pemex abrir los datos sobre empleados vinculados con el robo de combustible y dar a conocer el número de despedidos o sancionados por participar en ese delito.

 

Al revocar la respuesta de Pemex a la solicitud de un ciudadano, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) señaló que el sujeto obligado aseguró que no localizó los datos correspondientes.

 

El comisionado ponente Joel Salas Suárez señaló que el agravio del particular resulta fundado y abundó que existe registro de boletines de la Procuraduría General de la República (PGR) en los que se informa sobre la detención y dictamen de auto de formal prisión a trabajadores de Pemex por robo de hidrocarburos.

 

En su argumentación, el comisionado afirmó que ese delito es un tema delicado, ya que el número de tomas clandestinas en la red nacional de ductos de hidrocarburos pasó de mil 361 en 2011 a tres mil 198 tomas en 2014, lo que equivale a un incremento de 245 por ciento en tres años.

 

Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa son los estados donde se identificaron más tomas clandestinas, mientras que las pérdidas relacionadas con este delito ascienden a 33 millones 188 mil 591 barriles de hidrocarburos, lo que equivale a los barriles que México exporta en un mes.

 

Salas Suárez hizo notar que la extracción de petróleo y de hidrocarburos no sólo tiene que ver con ingresos públicos, sino también con derechos humanos.

 

El 20 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos discutió el tema de reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales.

 

Ahí el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Energía, reconoció que “la visión de derechos humanos es central en esta reforma energética, pues la intención es que se traduzca en ganancias para todos los mexicanos”.

 

Salas Suárez aseguró que proveer información no es una elección, ya que la legislación correspondiente establece las obligaciones de transparencia que cada sujeto obligado debe cumplir.

 

Además, con el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, así como los compromisos 21 “Petróleo para todos” y 26 “Adhesión de México a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas” en la Alianza para el Gobierno Abierto, México se ha comprometido a fortalecer la transparencia en el sector.

 

El robo de hidrocarburos vulnera las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del país, pone en riesgo a poblaciones enteras y la definición de prioridades de desarrollo e impacta al ambiente y la salud humana, entre otros problemas que genera.

 

Dicha situación atañe a la sociedad mexicana en general y, por tanto, debe disponer de información para conocer y participar en las decisiones públicas.

 

El derecho de acceso a la información es crucial para garantizar la salvaguarda de otros derechos fundamentales, agregó Salas Suárez.