Todo el peso de la ley debe aplicarse a los responsables de la explotación ilegal de más de 200 indígenas tarahumaras en Baja California Sur, aseguró el presidente de la comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Heriberto Manuel Galindo Quiñones.
“Debe aplicarse todo el peso de la ley. En la comisión fustigamos con toda la energía a los patrones que han infringido la ley, afectando derechos humanos y laborales de los trabajadores, desde luego de los compatriotas tarahumaras que estaban laborando en Baja California, pero en general de todos los seres humanos”, resató.
La Cámara de Diputados emitió un exhorto la semana pasada a las autoridades federales y los estados de Baja California y Baja California Sur para que resuelvan los conflictos con jornaleros agrícolas, supervisen sus condiciones laborales y sancionen a responsables de violar sus derechos humanos.
En este sentido, los integrantes del pleno camaral aprobaron un acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre la situación de los trabajadores agrícolas en esa península.
En pasados días, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) rescató a un grupo de indígenas rarámuris que laboraban en condiciones infrahumanas en Baja California Sur, los cuales fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola, presuntamente propiedad del ex presidente Vicente Fox Quesada.
Después de este hallazgo, diferentes trabajadores agrícolas suspendieron sus labores y se han manifestado al demandar mejores condiciones laborales, por lo que las mismas autoridades ofrecieron diez pesos adicionales a sus ingresos diarios.
Por este motivo, Galindo Quiñones consideró flagrante y de lesa humanidad una actitud explotadora de vil esclavitud, en la que sobreviven compatriotas, trabajadores estacionales del campo en Baja California.
“Quien infrinja la ley debe ser castigado con todo el peso de la misma y debemos apoyar a los trabajadores asalariados del campo, a los trabajadores estacionales o temporales, en todos sus derechos. Deben tener escuela, habitaciones, servicio médico, seguro social, Infonavit, así como sus derechos a salvo. Deben ser transportados como seres humanos y no como animales”, puntualizó. DM