El acelerado crecimiento, la mala calidad y la opacidad en el gasto público en México es uno de los graves problemas que enfrenta la economía mexicana. Lo hemos repetido hasta el cansancio, pero quienes deberían tomar cartas en el asunto no lo hacen porque son los principales beneficiarios de esta situación.
Hace poco el tema volvió a las primeras planas de los periódicos por el derrumbe de los precios del petróleo que evidenciaron la fragilidad de los ingresos y la opulencia del gasto, mostrando los riesgos que corre la economía con un déficit público que tiende a crecer en medio de un ambiente financiero altamente volátil.
Presionados por esta situación y ante las advertencias externas, incluida las del secretario general de la OCDE, el secretario Luis Videgaray anunció a finales de enero un primer recorte al gasto público para el año que seguramente será insuficiente ante el deterioro de las cuentas públicas. En esa previsión es que el gobierno también anunció una revisión completa al gasto público para 2016 bajo la técnica del presupuesto ‘base cero’; un anuncio con dedicatoria política, pero que ha dejado muchas dudas por la capacidad real del gobierno para ejecutarlo de acuerdo con las expectativas que ha generado.
Por lo pronto, las cifras sobre el gasto público que ayer dio a conocer la Secretaría de Hacienda no son nada halagüeñas. El gasto siguió creciendo en enero y febrero a ritmos acelerados con todo y que los ingresos petroleros se desplomaron, abriendo un boquete mayor en el déficit público.
Las explicaciones que ofreció Hacienda a través de su comunicado de prensa son atendibles particularmente en lo que respecta a que estas cifras no incluyen aún los beneficios de las coberturas petroleras, que se recibirían en diciembre próximo, y a la temporalidad de las aportaciones a los fondos de estabilización. Sin embargo estas explicaciones quedan rebasadas ante un ritmo y calidad de gasto público que no corresponde ni al discurso público de austeridad de la que tanto se ha echado mano últimamente, ni mucho menos a la precariedad observada en el crecimiento económico y a la incertidumbre financiera global a la que se enfrenta la economía.
En febrero, el gasto corriente del sector público creció 11.1% en términos reales anuales y 9.5% en enero y febrero; es decir, cuatro veces el crecimiento de la economía. Pero en lo particular hay incrementos inexplicables en el gasto en las actuales circunstancias. Me refiero, por ejemplo, a las entidades autónomas. El Poder Judicial gastó -en estos dos primero meses- 25.8% más que en el mismo bimestre del año pasado en términos reales; y el Legislativo 20.3% más.
La Presidencia de la República incrementó su gasto en 117.8% en los dos primeros meses del año en comparación anual; Desarrollo Social, 68.1%; Gobernación, 56.9%; Hacienda, 42.7%; Salud, 35.4%; y Pemex, 17.5%; por mencionar algunos.
Si bien los servicios personales del gobierno federal en los meses de enero y febrero cayeron 9.9% respecto del año pasado, esta caída se debe a la reducción en servicios personales indirectos, pero los directos crecieron 6.7%. De hecho, el gasto bajo el rubro de ‘Otros Gastos’ (materiales, suministros y servicios generales) creció 69.4% en el primer bimestre del año, poco más de 14 mil millones de pesos adicionales.
Por cierto, el costo financiero (pagos de intereses, comisiones y gastos financieros) más que se duplicó (+104.7%) en el sector paraestatal y su crecimiento en febrero en el gobierno federal es de llamar la atención.
Se habla de recortes y austeridad, pero las cifras detalladas no lo muestran. Y es que el presupuesto desnuda las verdaderas intenciones de los políticos y es allí en donde se esconde el principal problema de la calidad del gasto público en México.