Más de 700 mil pesos gastó la Procuraduría General de la República (PGR) en cinco estudios de opinión pública solicitados en 2011 y que hasta la fecha no se han hecho públicos, pues según la dependencia aún se está recabando la información.
Los resultados de las encuestas realizadas desde 2008 se encuentran en la página de la dependencia y pueden ser consultados de manera libre, sin embargo los estudios realizados por la empresa Covarrubias y Asociados S.C. en 2011 menciona que la “Elaboración de reporte de resultados en proceso”.
Fuentes de la dependencia confirmaron que la información no ha sido actualizada porque aún están recabando los datos, sin embargo, la agencia de investigación de mercados y opinión pública que realizó las encuestas confirmó a 24 HORAS que se han entregado a la dependencia todos los trabajos para los que se le han contratado, incluyendo los de 2011.
Los análisis corresponden a la administración pasada cuando Felipe Calderón Hinojosa era presidente de México y fueron hechos durante los años en que fueron cuestionados la estrategia y los resultados de la guerra contra el narcotráfico con el propósito de evaluar la opinión de la ciudadanía respecto a la criminalidad, justicia y desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad.
Entre 2008, 2010 y 2011 la PGR ordenó 14 estudios de opinión pública a la misma empresa, con un costo que vario de 49 mil 600 a 267 mil 600 pesos. En el último año en que se ordenó hacer estudios se levantaron cinco encuestas, con un costo de 718 mil 900 pesos.
En dicho periodo pasaron tres funcionarios por el despacho de la PGR. Eduardo Medina Mora ocupó el cargo del 7 de diciembre de 2006 a septiembre de 2009; Arturo Chávez Chávez fue el titular del 24 de septiembre de 2009 al 31 de marzo de 2011 y Marisela Morales Ibáñez del 7 de abril de 2011 al 4 de diciembre de 2012, de acuerdo con la información publicada en el portal.
En 2008 se ordenaron cuatro encuestas después de la reestructuración de la Procuraduría, a unos días del secuestro de Fernando Martí y tras el atentado con granadas cometido el 15 de septiembre en el Zócalo de Morelia, que dejó como saldo ocho muertos y más de 100 heridos.
Al año siguiente no se realizó ninguna, pero en 2010 hubo cinco. Destaca la intención de conocer el nivel de conocimiento e imagen de instituciones gubernamentales e indicadores estratégicos sobre delincuencia.
La información serviría para plantear estrategias de comunicación así como medir la credibilidad en las instituciones y la percepción sobre el desempeño de funcionarios y temas relevantes como los casos de la niña Paulette, hallada muerta junto a su cama, y el de Arturo Beltrán Leyva, abatido por marinos.
Para la titular de la dependencia, Arely Gómez, la transparencia y eficiencia son dos de los cuatro ejes rectores de la institución.