Cuando el 18 de agosto de 2011 las calificadoras Standard & Poor’s y Fitch degradaron en cinco niveles la calificación crediticia del estado de Coahuila se destapó una cloaca.
El gobierno de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira había ocultado el verdadero monto de su deuda y sus reportes oficiales señalaban pasivos casi cuatro veces menores que los reales. Ese día el monumental engaño maquinado desde el gobierno local quedó al descubierto según se pudo leer en el comunicado que emitió Fitch acusando la falta de claridad en las políticas del gobierno estatal y la opacidad en el manejo de su deuda.
Un día antes, el 17 de agosto, el Congreso local -mayoritariamente priista- había autorizado el endeudamiento por 33 mil 867 millones de pesos para pagar la deuda acumulada heredada por el ex gobernador Humberto Moreira y que en aquel momento ya despachaba como presidente nacional del PRI.
Tres años y medio después hay consenso público de que la crisis financiera del estado de Coahuila provocada por un escandaloso endeudamiento fue un fraude que marcó ‘un antes y un después’ en la política de endeudamiento de los gobiernos locales en el país.
Pero ¿realmente sabemos los ciudadanos todo lo que allí ocurrió? ¿Realmente Humberto Moreira y sus secuaces engañaron a los funcionarios de Hacienda? ¿Acaso los banqueros que otorgaron a manos llenas estos créditos nunca se enteraron o sospecharon siquiera sobre lo que estaba ocurriendo en Coahuila? ¿Ha sido el caso Coahuila un ‘parteaguas’ que modificó a fondo la transparencia y la rendición de cuentas en las políticas de endeudamiento de los gobiernos locales? ¿Han cambiado efectivamente los incentivos perversos de gobernadores y presidentes municipales? ¿Vemos ahora un cambio de comportamiento en los funcionarios estatales después del caso Coahuila?
Me temo que las respuestas son negativas. Y es que en medio de todos estos acontecimientos y de estas preguntas hay una realidad que ha tocado toda la economía y tiene que ver con la terrible desinformación que padecemos los ciudadanos. En plena era de la sociedad de la información, con avanzadas herramientas tecnológicas para generarla y distribuirla, estamos viviendo una verdadera crisis de la información. Más aún –como dice Max Otte- “nuestra economía se ha convertido desde hace tiempo en una ‘economía de la desinformación”, y ello entraña terribles riesgos para la sociedad. No sólo se trata de la desinformación a la que son sometidos los consumidores de la telefonía móvil en México, o de los engorrosos contratos que desinforman a los compradores de seguros; también se trata de la creciente desconfianza acumulada en los gobernantes y políticos cuando el elector tiene que acudir a unas urnas; y, más aún, de la permanente sensación ciudadana de ser engañado.
Un estado de desinformación ciudadana que se viene acelerando. Retomando a Otte, por lo menos se pueden identificar tres fuerzas que empujan el crecimiento de esta sociedad de la desinformación: 1. Los intereses de los grandes agentes económicos que tienen la posibilidad de ‘obtener posiciones dominantes en el mercado y de imponer al consumidor aislado relaciones antieconómicas’, influyendo en la opinión pública mediante sus poderosas oficinas de relaciones públicas o de grupos de presión. 2. La pasividad y conveniencia de los políticos al ceder poder a los grandes grupos económicos. Y, 3. El debilitamiento de los medios de comunicación y del periodismo que ha sido capturado por el sensacionalismo, que en esencia es desinformación.
Los riesgos económicos y políticos de este crecimiento del reino de la desinformación son muy graves por lo que urge construir soberanía informativa entre los ciudadanos.