Mañana se vence el plazo que fijó el juez de amparo a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que defina la situación jurídica de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, sin embrago, la PGR interpuso un recurso de revisión, por el cual está suspendido el proceso hasta que se pronuncie un Tribunal Colegiado.
El ex líder priísta en la Ciudad de México, fue acusado de promover la trata de personas y el lenocinio al interior del órgano político, y hace más de un año se denunciaron públicamente los hechos, y aún no se ha definido la situación jurídica del inculpado.
Al respecto, el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza explicó que la Procuraduría General de Justicia del DF se adhirió a dicho recurso de revisión presentado por el Ministerio Público Federal adscrito a los juzgados federales en el DF.
Por ello, la causa penal contra Gutiérrez de la Torre está “sub judice”, pendiente de la resolución judicial federal, y mientras no haya un pronunciamiento del Séptimo Tribunal Colegiado los 30 días hábiles que fijó el juez para definir la situación jurídica de Gutiérrez de la Torre, y que se cumplían el 10 de abril, están suspendidos.
“Estamos en espera de que el Tribunal Colegiado resuelva el recurso de revisión que fue interpuesto por la decisión del Juez del Distrito, y esperaremos esta resolución para ver si existe algún tipo de vinculación o no para resolver en consecuencia y jurídicamente esa averiguación previa”, precisó el procurador capitalino Rodolfo Ríos.
El Tribunal Colegiado deberá pronunciarse si es procedente o no la queja de las autoridades ministeriales, pues a decir de la PGJDF el juez de amparo se extralimitó en sus funciones al imponer un plazo para definir la situación legal de un presunto responsable.
La Justicia federal podría revocar, modificar o confirmar la sentencia del Juzgado 14 de Distrito quien consideró que se estaban vulnerando los derechos al debido proceso del inculpado, al haber una incertidumbre jurídica.
De acuerdo con la versión pública de la sentencia del juicio de garantías 965/2014 que llevó el Juzgado 14 de Distrito de Amparo Penal, se estableció que el Ministerio Público no justificó su actuación con ninguna prueba sustentable, ya que desde octubre pasado no se realiza una diligencia para desahogo de pruebas en este caso.
“Asiste la razón al quejoso, dado que la responsable (PGJDF) afecta su esfera jurídica al dejarlo en estado de incertidumbre sobre su situación jurídica respecto de los resultados arrojados por la averiguación previa, considerando el tiempo transcurrido desde que se inició la indagatoria.
“…la responsable (PGJDF) no señaló de manera clara y precisa cuales son las diligencias que faltan por desahogar para efecto de justificar la no determinación de la indagatoria, lo cual desde luego transgrede los derechos públicos subjetivos del quejoso”, dice la sentencia.
Posteriormente, el asunto fue enviado ante un tribunal colegiado para su discusión ante la inconformidad de la PGJDF, sin embargo, la dependencia capitalina no presentó los elementos de prueba para sustentar su queja, y fue desechada por extemporánea, y se ordenó proceder a definir la suerte legal del inculpado.
En uno de los puntos Tribunal se estableció que sólo en caso de que la PGJ ya no tuviera pruebas que desahogar, en un plazo de 30 días hábiles debería proceder a cerrar la investigación por los delitos de trata de personas y lenocinio, o consignarlo ante el juez de causa por liderar una red de prostitución al interior del PRI capitalino. Plazo que vence mañana, pero que no se concretará.
“Establezca en el plazo de tres días hábiles, si existen o no diligencias por practicar. b) en caso afirmativo, deberá desahogarlas en un plazo no mayor a treinta días. c) en caso negativo o concluido el lapso de treinta días hábiles, deberá pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa y sus acumuladas, que se instruye por los delitos de trata de personas y lenocinio, en el plazo de cinco días hábiles”, señala la sentencia.