Lo menos que debería hacer el coordinador de comunicación del Instituto Federal de Telecomunicaciones es pedirle perdón a este columnista a quien llamó mentiroso porque se atrevió a advertir hace tres semanas que el señor Francisco Aguirre, dueño del Grupo Radio Centro, no iba a cumplir con el pago de tres mil 58 millones de pesos que ofreció por una de las cadenas de televisión que licitó el gobierno federal a través de ese Instituto. El viernes pasado, Aguirre comunicó a la Bolsa Mexicana de Valores y al mismo IFT que no tenía dinero para liquidar la compra. La decisión confirma, por otro lado, que los del IFT hicieron el análisis de la oferta en cuestión con las patas porque, como lo dijimos en su oportunidad, el comprador no sólo no era solvente sino tampoco sujeto de crédito.
Sobre la decisión del dueño de Grupo Radio Centro de no pagar, la verdad es que al señor Aguirre le salió mucho más barato perder el depósito de 415 millones de pesos que haber desembolsado los tres mil 58 millones que ofreció. Y es que recuperar la inversión le hubiera llevado muchos años, y además del pago por la concesión le hubiera tenido que meter varios cientos de millones de pesos más para hacer competitivo el negocio.
AGENDA PREVIA
Pues ahora resulta que para seguir operando algunos negocios en el territorio nacional hay que “pedirle permiso” a la delincuencia, además de “perdón” por entorpecer sus actividades y seguramente pagar una lana, según confesiones de la dueño de la mina El Gallo, que opera en Mocorito, Sinaloa, y del presidente de la Asociación de Ingenieros Mineros y Metalúrgicos.
Aunque esto de pedir permiso y perdón al mismo tiempo no sólo se da en la minería sino en otras actividades industriales, principalmente las relacionadas con el sector agropecuario, donde muchos productores tienen que compartir sus parcelas con la delincuencia organizada o desorganizada.
¿Y la Gendarmería Nacional, apá?, preguntan a los industriales y productores que frecuentemente se ven amenazados y extorsionados por los delincuentes.
La reforma a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos –enviada por el Ejecutivo–, aprobada por el Senado y turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Gobernación y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen, permitirá, entre otras cosas, fortalecer la cooperación aduanera con los principales socios comerciales de México, y reducir costos y tiempos de las operaciones aduaneras, mejorando el beneficio económico para nuestro país, señalan sus promotores.
Uno de los varios puntos que justifica dicha reforma señala que la ausencia de procesos aduaneros adecuados a las nuevas tendencias internacionales ha tenido un impacto directo en las economías de México y Estados Unidos. Se estima que las pérdidas económicas netas para ambas naciones son del orden de siete mil millones de dólares anuales y 62 mil empleos perdidos.
La nueva Ley también incentivará el turismo, incrementará el número de visitantes internacionales a México, derivado de la disminución de los costos y el establecimiento de nuevas rutas. Si todos esos beneficios traerá la reforma a dicha Ley, pues bien venida.
Ya entrados en el tema de las reformas, en los 17 días que faltan para que concluya el periodo ordinario de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, los legisladores van a meter el acelerador a fondo para aprobar los temas pendientes como el Sistema Nacional Anticorrupción (actualmente en la Cámara de Senadores), y la Ley de Transparencia en la Cámara de Diputados, además de las minutas que corresponden a la creación de la Fiscalía General de la República; la reforma para la desindexación del salario mínimo, la ley reglamentaria del Coneval y las iniciativas de ley en materia de justicia que envió el presidente de la República, entre otros temas relevantes, dice el Diputado Manlio Fabio Beltrones.