Luego de los escándalos sobre acoso sexual, abuso laboral, despilfarros al erario público y el hallazgo de presunta droga en instalaciones del Canal Judicial, algunos de los ex servidores públicos han acudido a la justicia federal a solicitar su protección en contra de la posible orden de aprehensión.
En febrero pasado Marco Antonio Silva, quien fungía como subdirector de producción del Canal Judicial, presentó su renuncia, ya que enfrenta una investigación por presunto acoso sexual de dos empleadas de la instancia.
La dimisión del funcionario motivó que un grupo de empleados enviaran quejas y correos electrónicos denunciando los presuntos abusos, vejaciones y acoso al que estaban sometidos bajo la dirección de Enrique Rodríguez, mismo que presentó su renuncia días después.
Ante las quejas enviadas a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) firmadas por 18 empleados del Canal, la Corte pidió la intervención la Auditoria Superior de la Federación, la cual se realizó en marzo pasado.
Fuentes judiciales informaron que durante la revisión de las instalaciones, ubicadas en la calle de República del Salvador 56, se impidió la entrada a cualquiera de los empleados y fueron cerradas las puertas del inmueble hasta concluir con las diligencias.
Como resultado de las primeras investigaciones se encontraron botellas de licor y “una bolsita de polvo blanco” en los cajones de un escritorio, por ello, la ASF dio vista al Ministerio Público Federal, quien se presentó al lugar a tomar conocimiento de los hechos, levantar el acta correspondiente, realizar el aseguramiento y comenzar la indagatoria correspondiente.
A casi un mes de estos hechos, el ex director de área del Canal Judicial, Alberto Villa Dávalos presentó un amparo en contra de la presunta orden de aprehensión en su contra solicitada por el Ministerio Público federal.
El juicio de garantías 329/2015 ante el Juzgado 13 de Distrito de Amparo Penal es en contra del procurador general de la República, por “la orden de detención, presentación, comparecencia, arresto y su ejecución”, por el cual obtuvo la suspensión provisional, dejando una garantía de 5 mil pesos.
Asimismo, se emplazó a las partes para el próximo 14 de mayo para la audiencia constitucional para escuchar los alegatos en cuestión.
“Se admite la demanda de garantías, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión; pídase a las responsables sus informes justificados.