El Senado de la República recibió una iniciativa ciudadana, suscrita por más de 120 organizaciones pro derechos humanos, para que el Congreso de la Unión reforme el artículo 73 constitucional, a fin de que este tenga la facultad para expedir una Ley General en materia de desaparición de personas y tortura.
Acompañados por familiares de personas desaparecidas, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los Derechos Humanos, entre otras, entregaron la propuesta ciudadana que busca avanzar hacia una legislación que permita enfrentar la grave crisis de violaciones a derechos humanos que enfrenta el país.
La iniciativa elaborada por las organizaciones de la sociedad civil con la asistencia técnica de la Oficina en México de la alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, busca trazar una ruta para que el Congreso de la Unión, emita leyes generales sobre desaparición forzada, tortura, ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzado, a través de las cuales se prevengan y sancionen estos delitos.
Además adiciona la facultad del Congreso para legislar respecto de determinadas conductas, incluyendo aquellas que los tratados internacionales suscritos por México obligan a tipificar.
Durante la entrega del proyecto a un grupo de senadores encabezado por Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, los representantes de la sociedad civil, enfatizaron la necesidad de ir más allá de la iniciativa presidencial para diseñar un marco legal acorde a la situación del país.
A nombre de las 120 organizaciones civiles y familiares de desaparecidos, Luis Tapia, integrante del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, señaló que las desapariciones forzadas de personas son un delito que se comete de forma generalizada en gran parte del territorio mexicano, por lo que hizo un llamado para legislar en esta materia.
“Es momento que el Congreso de la Unión reaccione con la voluntad política adecuada frente a la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos que aquejan al país (…) urgimos al Congreso de la Unión, a mejorar las condiciones legislativas, para que la reforma al artículo constitucional en materia de graves violaciones a derechos humanos sea aprobada en este periodo de sesiones, como una forma de acatar sus obligaciones derivadas del artículo primero constitucional y de ser sensible a la grave situación en materia de derechos humanos que atraviesa el país”, asentó.