En el primer trimestre de funcionamiento de los Módulos de Atención Oportuna (MAO) para la implementación del nuevo sistema procesal penal, la Procuraduría General de Justicia del DF orientó a más de 32 mil 300 personas que fueron canalizadas a distintas instancias para resolver su conflicto.
Los delitos de amenazas, daño a la propiedad, abuso de confianza y fraude fueron los delitos más denunciados a través de los módulos en este periodo que inició el 15 de enero.
Al momento se han firmado 414 convenios y de estos 90 son acuerdos reparatorios, casos donde ya se había iniciado la averiguación, pero que las partes decidieron solucionarlo por esta vía.
Con el Nuevo Sistema se atienden delitos que se inician por querella o delitos culposos que son los que no ameritan prisión preventiva.
Sin embargo, para el doctor Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la PGJDF, los resultados se medirán a mediano plazo y resaltó la importancia de que en esta primera etapa de implementación queden bien sentadas las bases para que la gente confíe en la procuraduría, denuncie y, de paso, disminuya la cifra negra.
“Una de las partes que integró la capacitación de los orientadores jurídicos fue la sensibilización para poder atender al público. Se le hace del conocimiento al usuario de que ahora existe este sistema de atención, que quieren darle una atención personalizada, profesional, lo escuchan (…) y le ofrecen alternativas de solución.
“La gente empieza a entender que esto les genera una mayor certeza, ya no tienen que andar de un lugar a otro viendo dónde pueden presentar su asunto; por ejemplo, una persona puede llegar a Iztapalapa a presentar su denuncia, la recibe el módulo y aunque su asunto pertenezca a otro lado ahí se inicia su investigación y ya después, en el seguimiento, tendrá que acudir a la unidad que le corresponde, pero en ese momento de crisis, se le proporciona de esa manera”, resaltó Mirón Reyes en entrevista.
Los MAO están integrados por orientadores jurídicos, ministerio público y asesores jurídicos y si se desea iniciar una investigación el orientador los recibe y turna ante el ministerio público que está en el mismo módulo lo que acelera la atención del usuario.
Con ellos la Procuraduría capitalina pretende ganar la confianza de la ciudadanía, que los usuarios reciban atención profesional, de calidad y resuelvan su conflicto con eficacia y prontitud.
Para ello se crearon líneas de reorganización en la PGJDF donde los MAO son la base y los orientadores representan la columna vertebral pues son el primer contacto de las víctimas con la institución y de su desempeño depende en gran parte el éxito de los módulos.
“Lo que se quiere eliminar con los MAO es la famosa barandilla donde la atención tiene que ser de un funcionario especializado, no cualquier persona, entonces el funcionario especializado tiene muy en claro cuáles son las distintas alternativas que le puede ofrecer al usuario y cuando el usuario le presenta la solicitud el orientador puede conocer cuál es su pretensión y canalizarlo de inmediato a la instancia que le corresponde”, subrayó.
En la primera etapa iniciaron con 21 módulos de atención que no cubren toda la Ciudad, sólo 19 módulos regionales y dos en la Fiscalía Central y la Fiscalía para la Atención de Niños y Niñas y Adolescentes.
Se prevé que para diciembre de este año haya 58 módulos que darán atención al 75 por ciento de las coordinaciones territoriales y para junio del 2016 deberán estar cubiertas todas las coordinaciones territoriales que hay en cada Fiscalía.
“Estos módulos surgen con la idea de dar una atención inicial rápida y objetiva a los usuarios que acuden a la procuraduría. A través de los módulos, el personal recibe al usuario y atiende las siguientes tareas: una de ellas puede ser la orientación, puede hacerle saber que su asunto puede ser tratado a lo mejor en alguna otra instancia externa que no propiamente corresponda a la Procuraduría, como la Profeco, la Consejería Jurídica, pero hay otros que vienen a plantear un asunto de carácter penal y entonces aquí el orientador jurídico puede canalizarlo al Ministerio Público.
“Pero también puede ocurrir que si bien el conflicto que plantea el usuario sea un conflicto de carácter penal puede tener una salida alterna (a través de la justicia alternativa), y esa salida alterna es a través de los mecanismos alternos de solución de controversias, como es la mediación, entonces lo que hace el orientador jurídico es explicarle en qué consiste ese mecanismo, cuáles son las ventajas que puede tener la víctima o el ofendido, y si existe la voluntad por parte del usuario de buscar una solución a su conflicto por esta vía, lo que hace el orientador es canalizarlos a alguna de las unidades de mediación”, explicó el funcionario.
En el primer trimestre de los MAO las delegaciones que registraron mayor afluencia son Benito Juárez, Iztapalapa y Cuauhtémoc y la de menor fueron Tlalpan y Xochimilco.
Del total de orientaciones, alrededor de 5 mil usuarios fueron canalizados a otras instancias de la PGJDF, como las Unidades de Recepción por Internet a donde se acude a denunciar la pérdida de un documento, y mil 500 a las unidades de mediación.
También hubo mil 700 asuntos canalizados al Juzgado Cívico, mil 500 a instancias externas como Profeco.