El asesinato de hombres y mujeres activistas en el país va en aumento. Tan sólo en el último año, al menos 12 personas ligadas con la defensa de los derechos humanos o alguna otra causa social fueron atacadas y aún no existe un mecanismo o protocolo oficial que les brinde protección. Siendo Oaxaca y Sinaloa los estados donde se registraron la mayoría de los casos.
A tres meses de haberse registrado el plagio y asesinato de Julián González Domínguez, activista triqui de la organización denominada Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños (RIIO), ocurrido el 12 de enero en un poblado del municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, este martes en ese mismo ayuntamiento fue baleado Abel Manuel Bautista Raymundo.
Bautista era activista y director de la estación de radio comunitaria 96.1 “Sentimientos de la Voz del Pueblo”, quien fue interceptado por al menos tres personas a bordo de un auto desde el cual le dispararon en calles del barrio de San Pedro el Alto. Una probable venganza política o personal, es lo que la policía estatal indaga sobre el móvil.
El asesinato de personas ligadas a causas y movimientos sociales se ha reflejado en al menos 12 casos, donde las víctimas son acribilladas por personas desconocidas.
En marzo del año pasado, también en Oaxaca, fueron asesinados Ignacio García y Emanuel López Martínez, miembros de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que fueron acribillados cuando realizaban jornadas “por la paz en varias comunidades”.
De igual forma en la entidad, a penas en diciembre del año pasado, la defensora de Derechos Humanos, Elisa Zepeda Lagunas, fue brutalmente atacada a golpes y amenazada con un arma de fuego, cuando se encontraba en una asamblea con habitantes del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, cuando fue tacada presuntamente por cuestiones políticas. Aunque la activista logró salir con vida, su hermano fue asesinado y la casa de ella atacada con bombas molotov.
Agresiones fatales en 2014 también hubo varios casos en Sinaloa, pues con el homicidio de Octavio Atilano Román Tirado, líder de comuneros de la presa Picachos, quien similar a Abel Bautista, también se dedicaba a la radiodifusión, fue asesinado al interior de la cabina en octubre de ese año.
Su muerte se sumó a las de los activistas Sandra Luz Hernández y Ramón Corrales Vega, registradas en el último semestre del mismo año, en Sinaloa.
El pasado 12 de noviembre, José Vázquez Solís, presidente del Comité de Participación Ciudadana en Seguridad Pública y Prevención del Delito en Tamaulipas fue baleado en el estacionamiento de un centro comercial de Reynosa.
En este 2015, el registro no se modificó, y a principios de febrero autoridades de Morelos confirmaron el homicidio de Alejandro Gustavo Salgado Delgado, dirigente del Frente Popular revolucionario en Morelos avocado en el conflicto entre trabajadores cañeros y migrantes de Guerrero y Oaxaca.
Horas después de haber denunciado su desaparición, su cadáver cercenado fue abandonado en el paraje Las Huilotas de la comunidad de Moyotepec, en el municipio de Ciudad Ayala.
Menos de 10 días después en Iguala, Guerrero, dos sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a la activista, Norma Angélica Bruno Román, integrante de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos en el estado, quien se sumó a las labores por localizar a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y las demás víctimas en la región. La joven tenía 26 años de edad.
Para el día 26 del mismo mes, de nueva cuenta en un lugar público fue asesinado a tiros, Alberto Almeida Fernández, activista de la organización campesina El Barzón, y ex alcalde de Villa Ahumada, cuando se encontraba en el estacionamiento de un complejo comercial en Ciudad Juárez, Chihuahua.