Pues ahora resulta que los diputados y senadores de todos los partidos tuvieron la ocurrencia de sugerir crear un fondo por dos mil 700 millones de pesos para pagarles a los ingenuos y varios vivales ahorradores de Ficrea, quienes ilusionados por las altas tasas de interés que ofrecía perdieron parte de su dinerito.
Según los legisladores, la propuesta de crear dos “fondos de apoyo” no se trata de un rescate bancario, un “micro Fobaproa” o algo parecido; nada de eso. “Para que los contribuyentes no terminen pagando una suerte de rescate a los ahorradores, los fondos serán con cargo a la cartera y activos de Ficrea”, dijo el ingenuo Javier Lozano Alarcón. ¡Sí, Chucha, un día de éstos se va a recuperar la lana que le metan!
La que demostró cierto grado de estulticia fue la senadora Dolores Padierna, quien afirmó: “Son aportaciones fiscales, pero no puede considerarse como rescate ni a fondo perdido, ya que el gobierno recibe la cesión de derechos de cobro de los acreedores y se convierte en el gran acreedor que, con el poder de Hacienda, podrá cobrar a Ficrea”. A ver, senadora, ¿realmente cree usted que Hacienda pueda recuperar más de 10 centavos por cada peso de dicha cartera?
Los mismos legisladores proponen un fondo de apoyo de Nacional Financiera -una de las instituciones de la llamada “banca del subdesarrollo”-, por un total de mil millones de pesos para pagar las inversiones de los tribunales de Justicia del Distrito Federal y de Coahuila a quienes también la Sofipo “se los llevó al baile”. “¡Me quedé perplejo cuando escuché tal sandez!”, exclamó un ex funcionario del gobierno federal que tuvo que lidiar con las carteras del Fobaproa y de las Uniones de Crédito que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari promovió con singular alegría Nafinsa. ¿Cuánto se recuperó de los miles de créditos que se otorgaron a aquéllas? ¡Pues casi nada!
En el caso de los recursos que el Tribunal de Justicia del Distrito Federal le metió al Ficrea con el argumento de maximizar los rendimientos que otorgan los bancos comerciales, los especialistas preguntan: ¿Por qué los encargados de la tesorería de dicho tribunal no cumplieron con la regulación, que claramente señala que los recursos públicos deben ser invertidos en instituciones financieras calificadas y no en sociedades financieras populares (Sofipos), cajas de ahorro, tandas y similares?
Lo que tampoco se explican los observadores políticos es por qué los legisladores no piden la cabeza de Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, institución que “se hizo de la vista gorda” en las fraudulentas operaciones de Ficrea.
Además, los legisladores deberían solicitar, a quien compete, que se haga una investigación para saber si funcionarios de la CNBV estuvieron coludidos con los accionistas de la Sofipo.
No hay que perder de vista tampoco que Sofipos, Sofomes, cajas de ahorro y préstamo y similares son autorizadas por la mencionada Comisión para operar, sin que la autoridad supervisora tenga la capacidad técnica y humana para supervisarlas.
Los especialistas también preguntan: ¿Por qué pagarles un millón de pesos a los cinco mil 139 afectados por el fraude, si el seguro establecido para quienes invierten en este tipo de instituciones es de 150 mil pesos?
Afortunadamente, para que los susodichos “fondos de ayuda” que proponen los legisladores se hagan realidad hay que reformar la ley, para lo cual quedan 14 días del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados; y una vez reformada debe ser aprobada o rechazada por el Ejecutivo. ¿Se atreverán?
¡Pero a Ernesto Zedillo le estalló el fraude de la caja de ahorro El Arbolito 15 días antes de las elecciones del 2000 y decidió no meterle un quinto dinero!, recuerdan varios de sus colaboradores.
Bueno, bueno, bueno… pero desde muchos meses antes Zedillo ya había decidido “echar al PRI de Los Pinos”, y entregarle la Presidencia de la República a Vicente Fox, recuerda el columnista.