Aleluya, aleluya… ya tenemos Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ayer, la Cámara de Diputados la aprobó después de una larga concertacesión entre los diputados y senadores.

 

La susodicha Ley tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. ¡A ver sí es cierto!, exclaman los escépticos.

 

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Muchos son los obligados a cumplir con dicha legislación, por lo que al azar escogimos a los sindicatos. Dice el Artículo 78 que las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de dichos organismos:

 

Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: a) El domicilio; b) Número de registro; c) Nombre del sindicato; d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia; e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; f) Número de socios; g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y h) Central a la que pertenezcan, en su caso. También la tomas de nota; el estatuto; el padrón de socios; las actas de asamblea; los reglamentos interiores de trabajo; los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo, y todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical y de contratos colectivos de trabajo.

 

¡Eso es un atropello! Podría responder Napito.

 

Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, la información aplicable del artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente:  Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; directorio del Comité Ejecutivo; padrón de socios, y  la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan.

 

¡De la que se salvó la maestra de la maldad!, apuntan los malosos.

 

Un artículo especial (el 83) se incluyó en la legislación: El de las obligaciones específicas en materia energética, que dice:

 

Los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo para tal efecto.

 

¿Y la ordeña de ductos, apá? ¿Y el robo de luz? Bueno, tampoco se puede informar al detalle de todo.

 

AGENDA PREVIA

 

Sobre la Agenda Confidencial del miércoles pasado, titulada “Mala Leche no”, un lector comenta: La leche entera en polvo a nivel internacional vale hoy el equivalente de $4.4 por litro, Liconsa paga hasta $6.20. Haga usted las operaciones aritméticas.

 

Los industriales no saturaron sus inventarios en detrimento del mercado nacional, si así lo hubieran hecho habrían cometido un error, porque la leche en polvo sigue bajando. En Uruguay hoy están rematando queso Gouda al equivalente de 39 pesos por kg. Hoy un queso oaxaca en la Central de Abastos se vende a casi el doble, por favor haga usted otra vez la matemática: se necesitan 10 litros de leche para hacer un kilogramo de queso.

 

¿Qué les pidió Martínez y Martínez a los industriales? ¿Qué compren leche más cara a productores nacionales?, pregunta el lector. A ver, señor secretario, contéstele.