“Vamos a ver como lo cuadramos”, le responde el subsecretario de infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta, a la petición de la senadora Claudia Pavlovich de no dejar fuera a empresarios ‘amigos’ de Sonora en los proyectos de construcción de carreteras en el estado, según se escucha en las grabaciones telefónicas que ayer dio a conocer Reforma y cuya historia narra Roberto Zamarripa en el diario.

 

“Dile que mi pluma es su pluma”, le dijo Murrieta a Pavlovich refiriéndose a Javier Hernández, delegado de la SCT en Sonora, concediendo cambiar las bases de las licitaciones a fin de favorecer a los amigos de Pavlovich. Cuestión que sucedió, según narra Zamarripa.

 

A cambio, la ahora candidata del PRI al gobierno de Sonora -con la ‘bendición’ del coordinador priista en la Cámara de Diputados Manlio Fabio Beltrones- ha recibido una serie de favores de empresarios locales como Samuel Fraijo, uno de los constructores locales más importantes, como el uso del avión Cessna del empresario para fines electorales, según revela Reforma.

 

La noticia del diario no sorprende a nadie porque según las encuestas los ciudadanos saben que la lepra del país se llama corrupción e impunidad en el sector público. Pero esta noticia es, una vez más, la pus que supuran las heridas y que recuerdan la gravedad del mal.

 

La semana pasada otro funcionario público -como el caso de Murrieta que destapa Reforma– tuvo que renunciar porque un ciudadano lo captó infraganti violando la ley al usar bienes públicos para fines particulares. De no haber sido así, David Korenfeld seguiría al frente de Conagua y probablemente usando los recursos públicos a su antojo, como lo hacen tantos otros funcionarios públicos y políticos sin ninguna consecuencia legal y sin siquiera sonrojarse. La pregunta ahora es ¿renunciará Raúl Murrieta?

 

Ayer, Adriana Malvido en Milenio Diario cuestionaba la licitación que realizó la SEP para la millonaria compra de 960 mil tabletas para los niños de quinto año de primaria en 15 estados del país. Una “licitación” (el entrecomillado es de Malvido) que ganó el empresario Carlos Peralta de IUSA en asociación con los portugueses de JP Inspiring Knowledge. El anuncio lo hizo el año pasado el propio presidente Peña Nieto, mientras que los empresarios del sector han cuestionado en voz baja la limpieza de esa licitación y los expertos en educación se han preguntado si el software ofertado es lo que necesitan los niños y maestros. Malvido se preguntaba ayer sobre este caso “¿Hay un lugar para la ética en la forma de hacer negocios y licitaciones en México?

 

En mayo pasado Arena Pública, en plena discusión legislativa sobre la reforma a las telecomunicaciones, reportó el uso de un avión privado propiedad del Grupo Aeronáutico AFA, propiedad del empresario Alejandro Puente Córdoba, presidente de la Canitec, para transportar legisladores de oposición a la Expo Canitec en Acapulco; concretamente a la entonces presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, la perredista Alejandra Barrales.

 

Y la pregunta de Malvido se repite ¿hay un lugar para la ética en el sector público?

 

Es un avance que, producto de estas revelaciones y presiones sociales, ayer la Cámara de Diputados aprobara la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mientras que el Senado tiene pendiente el llamado Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Pero el problema está en el cumplimiento y en la aplicación de las leyes. Tenemos semáforos y reglamentos viales, pero son letra muerta en las calles de las ciudades. Como me decía Guillermo Zamarripa recientemente en una entrevista, “ser corrupto y no aplicar la ley es lo mismo” y esta lepra está frenando a la economía.