Los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de datos para políticos o funcionarios públicos en México se tienen que ponderar con otras garantías, como el acceso a la información o la libertad de expresión. Esto, con el fin de no vulnerar estas garantías, y corresponde al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) determinar si procede o no la cancelación de datos.
Así lo señaló en entrevista con este diario Areli Cano, comisionada del IFAI, quien señaló que “cualquier persona en México puede solicitar que se borre su información en cualquier fuente bajo la figura de los derechos ARCO, siempre que considere que dichos datos afectan a su honra o su vida privada. Si esta solicitud no se atiende, el solicitante puede acudir al órgano garante”.
No obstante, agregó, el tema se complica cuando se trata de un personaje público, pues así como existen los derechos de protección de datos también hay otras garantías que deben interpretarse de manera armónica para que no haya violaciones. En el caso de los medios de comunicación, citó, a lo que más se recurre para no borrar una información es la libertad de expresión.
Si bien en la legislación mexicana el “derecho al olvido” no existe como tal, la funcionaria destacó que las solicitudes de cancelación y oposición representan una normatividad de avanzada desde el punto de vista constitucional y legal, porque garantizan un derecho humano. Aunque enfatizó que cuando una petición procede a favor de una persona se hace un bloqueo nominativo de los datos, es decir, no aparece en el sitio o buscador solicitado el nombre del demandante, pero la información no se suprime de la fuente original.
En enero pasado, el IFAI inició un procedimiento de sanción contra Google en México por no atender la solicitud de un particular sobre eliminar información personal de su motor de búsqueda, y hace unas semanas trascendió que el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, contrató los servicios de la empresa española Eliminalia.com para borrar de internet una foto publicada en medios en 2013, en la que el ex funcionario muestra su abdomen marcado.
De acuerdo con el IFAI, los datos personales no podrán ser eliminados cuando estos se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para cumplimiento; cuando deban ser tratados por disposición legal u obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o sanciones administrativas.
Tampoco cuando protejan los intereses del titular o cuando sean de interés público, señalen una obligación legalmente adquirida por el titular o sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico.
Negocio a la vista
Hace unos días, México se convirtió en el décimo país en el mundo y el primero en América Latina donde la empresa española Eliminalia.com, dedicada a borrar información de Internet, estableció una oficina.
“Este va a ser un mercado bonito para nosotros. Vamos a intentar no hacer daño, nuestra intención no es llevarnos mal con los medios ni ponernos en contra de ellos, sino proteger datos privados de los ciudadanos”, comentó a 24 HORAS Dídac Sánchez, fundador y presidente de Eliminalia.com.
Dídac, quien se define a sí mismo como el “Mark Zuckerberg” de la protección de datos, asegura que la empresa tiene una cartera de ocho mil clientes en el mundo. Tan sólo en España, dice, atiende en promedio a 220 clientes al año, la mayoría de ellos políticos, ex funcionarios y figuras pública, quienes pagan entre mil y 200 mil euros por borrar alguna información de la red. En México, donde realiza operaciones desde hace seis meses, ya cuenta con 70 clientes, entre ellos Humberto Moreira.
“Eliminalia no sólo se dedica a borrar datos. Hay clientes que quieren eliminar alguna información de la red porque les perjudica, pero otros tienen información que no quieren que salga a la luz, como pueden ser datos personales, por miedo a secuestros o asaltos”, explicó el empresario, quien aseguró que vio en el mercado mexicano la oportunidad de expandir su negocio.
Moreira y 24 HORAS
A través de la empresa Eliminalia.com, Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila, solicitó a este diario cancelar la información publicada el 21 de noviembre de 2012, aludiendo al derecho de cancelación contenido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en México.
En varias misivas, los gestores argumentan que la información “obsoleta e irrelevante, que está causando un perjuicio al Sr. Moreira, tanto en su vida personal como profesional”.
La información a la que alude a empresa se trata de una entrevista a la escritora Isabel Arvide, autora del libro Mis Generales, en la cual señala que la entrega de Coahuila a Los Zetas es responsabilidad de Humberto Torres Charles, hermano del ex jefe de la policía estatal, y del actual gobernador Rubén Moreira Valdés, quienes –asegura- se impusieron al ex gobernador Humberto Moreira Valdés.
“Aparte del contenido que incluye la noticia, el Sr. Moreira quiere ejercer sus derechos por tal de tener un anonimato de datos personales que podrían perjudicarle, pasar página de su pasado y más después de perder dos hijos.
Es por eso, que pedimos retiren el siguiente enlace, o respetando su derecho a la información, con sustituir el nombre y apellido de mi representado por iniciales y retirar las imágenes damos el problema por subsanado”.
En un hecho similar, el pasado 6 de abril, el diario Vanguardia dio a conocer que a través de Eliminalia.com, Humberto Moreira Valdés, solicitó cancelar la información publicada el 13 de noviembre de 2013, aludiendo a la figura de “derecho al olvido”.
Los gestores piden eliminar una nota relacionada con fotografías que personas cercanas a él subieron a la web, mostrando los “cuadritos” de su atlético abdomen. El mismo Moreira Valdés ratificó que eran imágenes reales, según publicó Vanguardia.
A la fecha, el diario analiza las acciones a seguir ante la solicitud presentada por el exgobernador a través de Eliminalia.com.