El viernes pasado en este espacio comentamos una serie de casos del dominio público relativos a la corrupción e impunidad que impera en el sector público y en la que participan empresarios del sector privado.
Los comentarios se dieron a raíz de las revelaciones que hiciera el diario Reforma el día anterior, en relación con el presunto tráfico de influencias por parte de la senadora Claudia Pavlovich, ahora candidata priista al gobierno de Sonora, y en la que participan -según el diario- altos funcionarios del gobierno federal como el subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta.
Pero no sólo ese caso. También recordamos el caso reciente que llevó a la renuncia de David Korenfeld a la dirección de Conagua, caso que la Función Pública aún tiene pendiente de resolver. En esa misma línea apuntamos el caso de las licitaciones de casi un millón de tabletas que realizó la SEP y que ganó el empresario Carlos Peralta en medio de una serie de cuestionamientos; y, finalmente, también abordamos el caso del empresario Alejandro Puente Córdoba, presidente de Canitec.
Sobre éste último asunto dijimos lo siguiente: “En mayo pasado Arena Pública, en plena discusión legislativa sobre la reforma a las telecomunicaciones, reportó el uso de un avión privado propiedad del Grupo Aeronáutico AFA, propiedad del empresario Alejandro Puente Córdoba, presidente de la Canitec, para transportar legisladores de oposición a la Expo Canitec en Acapulco; concretamente a la entonces presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, la perredista Alejandra Barrales”.
A raíz de este comentario, recibimos una nota aclaratoria enviada por Christian Gómez Cruz, coordinador de Relaciones Públicas y Comunicación de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, Canitec, que textualmente dice:
“Alejandro Puente Córdoba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, Canitec; efectivamente es dueño de Grupo Aeronáutico AFA. Sin embargo, ni él, ni la empresa referida, son dueños al día de hoy de aeronave alguna.
Apelando al derecho de réplica, nos permitimos solicitar la aclaración pertinente en el espacio publicado. Sin más por el momento, reciban un cordial saludo”.
Hasta allí la nota aclaratoria.
Cumpliendo con el derecho de réplica estamos publicando la aclaración que se nos envía. Sin embargo -y para fines del interés legítimo de los lectores- la nota “aclaratoria” que se nos envía no aborda la información sustancial contenida en el comentario del viernes pasado. En aquella ocasión no dijimos que Alejandro Puente, presidente de Canitec, y su empresa, Grupo Aeronáutico AFA, posean aeronaves al día de hoy; así que este aspecto no es motivo de aclaración.
En su aclaración el líder de la industria del cable en el país, Alejandro Puente Córdoba, está eludiendo la parte sustancial de la información que aquí publicamos: Que en mayo de 2014 transportó hacia Acapulco en una aeronave de su empresa a la perredista Alejandra Barrales, quien es presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado. Esto se dio en el marco de la Expo Canitec que se celebró el 28 de mayo del año pasado.
Evidentemente que el hecho es públicamente relevante por el conflicto de intereses que existe en ambos personajes involucrados precisamente cuando se discutía la reforma a las telecomunicaciones y el futuro de la regulación de esta poderosa industria en el país a la que parcialmente representa el empresario Puente Córdoba.