El Senado de la República prevé aprobar, mañana martes, la minuta relativa a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, pese a concretar la gran prioridad legislativa del último periodo ordinario de sesiones y calificar como un gran logro la definición del nuevo modelo de combate a la corrupción, éste no será implementado sino hasta 2017.
Según se estableció en el artículo del dictamen relativo a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, a partir de la entrada en vigor de este nuevo modelo, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de un año para aprobar las leyes que complementan y hacen aplicables las reformas constitucionales que el Senado espera aprobar el día de mañana.
Es decir, será hasta el año 2016 cuando las cámaras de Senadores y de Diputados, emitan las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación; la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; y una ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables por actos de corrupción en que éstos incurran.
De acuerdo con el régimen transitorio del proyecto que mañana concluye su andar legislativo, tras el plazo de un año en el que el Congreso buscará complementar la reforma a diversos artículos constitucionales, adicionalmente se otorgará un plazo de 180 días, para que los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realicen las adecuaciones normativas correspondientes.
Con ello se estaría aplazando, al menos, hasta 2017 la aplicación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho, en un sexto artículo transitorio el propio Congreso especifica que en tanto se expiden las leyes secundarias continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas, hoy vigentes.
El reto
El senador Alejandro Encinas Rodríguez (PRD), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, reconoció que el Congreso apenas está dando el “primer paso” en lo que se refiere a la consolidación del modelo de combate a la corrupción. “El problema final”, aseguró, será la implementación de esta reforma, para lo que se requiere primero modificar entre 10 y 12 legislaciones vigentes, además de la creación de nuevos ordenamientos.
Admitió que no habrá resultados inmediatos tras la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, e incluso sostuvo que “difícilmente en este sexenio estará en operación (…) no hay certeza en los tiempos”.
Por su parte, Roberto Gil Zuarth, senador panista e integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, afirmó que a partir de la aprobación de esta reforma, el Congreso de la Unión deberá iniciar una nueva tarea: concluir los instrumentos para combatir la corrupción y la impunidad.
“De esta reforma constitucional se tendrán que desdoblar leyes de responsabilidad de servidores públicos, una nueva ley de fiscalización, la ley que regule las atribuciones de cada uno de los órganos que están comprendidos en esta reforma constitucional; modificaciones al código penal para revisar los tipos penales y las penas que se aplican a las distintas conductas asociadas a la corrupción”, señaló.