Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, presentó tres iniciativas de ley con las que se actualiza el marco jurídico para responder a la realidad social y promover un Estado de Derecho, con las que se incrementan las penas a quienes quebranten los sellos impuestos por la autoridad en giros rojos; se aplican sanciones más severas a elementos de seguridad y procuración de justicia por la pérdida o afectación de bienes, equipo y armas de fuego, y se establecen medidas cautelares distintas a la prisión, con lo que se crea un Centro Estatal de Medidas Cautelares.
“En el Estado de México trabajamos para consolidar un Estado de Derecho sólido, a través de la constante actualización de nuestro marco jurídico, a efecto de que responda a la realidad social”, indicó el mandatario estatal.
Por ello, detalló el contenido de estas iniciativas que se enviaron al Congreso del Estado de México:
1.- Se reforma el primer párrafo del artículo 124 y se adiciona el artículo 124 Bis del Código Penal del Estado de México, que tiene por objeto establecer los supuestos del tipo penal, relativo al quebrantamiento de sellos impuestos por la autoridad, y aumentar la penalidad en contra de los responsables.
Está dirigida a los giros rojos, ya que del año 2013 a la fecha se han abierto 42 carpetas de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, por el daño a los sellos de clausura en estos establecimientos.
Actualmente la pena es de dos a cinco años de prisión y de 30 a 300 días multa; con la reforma se impondría de tres a siete años de prisión y de 100 a 500 días multa al que quebrante los sellos o a quienes estando colocados, continúen con sus actividades; de esta forma se evita que los negocios sigan operando “por la puerta de atrás”.
2.- Iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 207 de la Ley de Seguridad del Estado de México, que plantea sanciones contra funcionarios de instituciones de seguridad, procuración de justicia o personal de instituciones privadas de seguridad, que extravíen por negligencia o dolosamente dañen, alteren, sustraigan o entreguen a un tercero, fuera de los casos de revisión o los previstos en las normas aplicable, los bienes, equipos y armas de fuego que les hayan asignado para el ejercicio de sus funciones.
En todos los casos en que la conducta sea dolosa o reincidente, además de las penas señaladas, se impondrá la destitución, cese, baja o inhabilitación, para formar parte de una corporación de seguridad pública.
En este año, la PGJEM ha iniciado 10 carpetas de investigación por extravío o pérdida y 27 carpetas por robo, abarcando un total de 60 armas.
El Gobierno del Estado de México y los municipios, hacen una inversión muy grande para equipar a los cuerpos policiales y sus integrantes tienen la obligación de cuidar al extremo y mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne por motivo de sus funciones.
Con esta reforma se garantizará que así ocurra y, en su caso, si se llegara a detectar a algún elemento que negligentemente extravíe, sustraiga o altere su arma o equipo, será sujeto a una sanción penal más severa.
3.- Iniciativa de proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y la Suspensión Condicional del Proceso del Estado de México.
Responde a que actualmente se hace uso indiscriminado de la prisión preventiva, impactando negativamente al Sistema de Justicia Penal y al Sistema Penitenciario, los cuales privilegian la presunción de la inocencia.
Ante ello, se hace necesaria la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión, que aseguren la presencia del imputado en el juicio, en la investigación, así como la protección de víctimas, ofendidos y testigos, además de garantizar la reparación del daño y la ejecución de sentencia.
Esta iniciativa se alinea al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, para establecer con claridad la forma en la que se ejecutarán y vigilarán las diversas medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso en la entidad.
De aprobarse, se plantea crear el Centro Estatal de Medidas Cautelares, como una unidad administrativa de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), con funciones como: recabar la información necesaria para que la autoridad judicial defina la medida cautelar idónea y proporcional aplicable a cada caso; implementar los mecanismos necesarios para vigilar que el sujeto cumpla con la medida que se le haya impuesto, y vigilar que las condiciones acordadas para la suspensión condicional para un proceso sean cumplidas.