Ángel Aguirre Rivero, gobernador con licencia de Guerrero, anunció que no regresará para concluir su mandato y, con ello, dejó en manos del Congreso local la designación de un gobernante substituto a más tardar el próximo fin de semana.
La licencia solicitada por el gobernador de extracción perredista -tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014- vence el viernes 24 de abril. El senador Sofio Ramírez manifestó hace unos días que Aguirre retomaría sus funciones y que él ocuparía la Secretaría General de Gobierno.
Sin embargo, el anunció de su posible regreso generó la oposición de grupos como el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la mayoría de los partidos que compiten en la elección para gobernador en aquella entidad.
Y fue hasta ayer cuando Ángel Aguirre atajó los rumores y aclaró que no regresará a culminar sus funciones como gobernador y que solicitará licencia definitiva al Congreso local.
“No me he involucrado en el proceso electoral, ni lo haré… lo primero es la paz y la estabilidad de Guerrero. Jamás seré pretexto para la confrontación en mi estado”, dijo en entrevista con el periodista Carlos Puig.
Bajo ese contexto, el congreso guerrerense tendrá que sesionar el próximo sábado para decidir si ratifica a Rogelio Ortega, actual mandatario interino, o nombra a otro gobernador substituto por un periodo de seis meses.
Reacciones
Carlos Navarrete Ruiz, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que Aguirre actuó con responsabilidad al separarse definitivamente del cargo.
De acuerdo con el líder perredista, el ex gobernador “ha parado con ello especulaciones, versiones y ha dado certidumbre a la ruta que el Congreso del estado tiene que seguir al expresar y adelantar ante los medios que presentará en tiempo y forma una nueva solicitud de licencia por el resto del periodo de gobierno”.
La decisión del político, que ganó la gubernatura por el PRD y antes militó en el PRI, a juicio de Navarrete, allana el camino “para que el Congreso, resuelva el tema que le corresponde de acuerdo con la Constitución, respecto a quién mantiene la titularidad del poder Ejecutivo desde el próximo sábado hasta finalizar el periodo de gobierno”.
Para el dirigente del sol azteca no existen indicios de que Ángel Aguirre pretenda influir en el proceso de designación del gobernador substituto, “ni sugerir, ni proponer, ni nada por el estilo al Congreso del estado, ni nombres ni nada, eso implica que el Congreso está en plena libertad para poder tomar sus decisiones el viernes por la tarde-noche o el sábado por la mañana”.
Guerrero es un estado convulsionado por diversos factores: la inseguridad, que tiene a Chilpancingo y Acapulco entre las 10 ciudades más violentas de México; un conflicto social que estalló tras la desaparición de los normalistas y la falta de recursos económicos para organizar su elecciones local, en la cual, nueve candidatos compiten por la gubernatura desde hace un mes.
Ante ese escenario, la decisión de Aguirre de permanecer alejado de la escena política, según el PRD, contribuiría a generar un clima de estabilidad en la entidad guerrerense.
“Yo creo que sí, contribuye a darle estabilidad a Guerrero a quitar especulaciones y traza una ruta muy clara del Congreso del estado”, indicó Navarrete.
Rechazan pacto de civilidad en Guerrero
Con la ausencia de las autoridades electorales locales de Guerrero y la mayoría de partidos, ayer se instaló una Mesa de Gobernabilidad y se firmó un Pacto de Civilidad en el marco de las elecciones del próximo 7 de junio.
Pero a la convocatoria del gobernador interino, Rogelio Ortega, sólo acudieron los candidatos a la gubernatura por el PRI, Héctor Astudillo, y del Partido Encuentro Social, Raymundo Nogueda; el PVEM y PAN enviaron representantes.
Los partidos de izquierda, PRD, PT y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo a la firma de un pacto debido a que no existen condiciones presupuestales y de seguridad en Guerrero.
La ausencia más notoria fue la de Marisela Reyes, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, órgano que reclamo al gobernador Ortega otorgar los recursos mínimos necesarios para la organización de la elección.
Las autoridades electorales locales estiman que son necesarios 151 millones de pesos para no poner en riesgo el proceso electoral, sin embargo, los recursos no han sido entregados por el gobierno de Guerrero, por lo cual, se negaron a firmar el Pacto de Civilidad.
En su intervención, el gobernador Rogelio Ortega lamentó la ausencia de las autoridades electorales y dijo que gestiona los recursos solicitados ante la Secretaría de Hacienda para organizar la elección.
En representación del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Javier Santiago Castillo acudió al encuentro, así como el titular de la Fepade, Santiago Nieto.