El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la denominada Ley Ficrea con un addendum (agregado) de modificaciones, entre las que resalta la ampliación al límite máximo de inversiones de los pequeños ahorradores.
El techo para las personas físicas se elevó de 200 mil a 400 mil (unidades de inversión (2 millones 128 mil pesos) y para las personas morales de un millón a dos millones de UDIs (7 millones 448 mil pesos), según un acuerdo suscrito con la mayoría de las bancadas parlamentarias de San Lázaro.
El addendum, signado por los líderes de las bancadas en San Lázaro resalta, además, un sistema de alertas tempranas en cuatro niveles, con la posibilidad de disolver y liquidar las Sociedades Financieras Comunitarias sin necesidad de un acuerdo de asamblea de socios, a fin de proteger sus respectivos ahorros.
También, los diputados federales descartaron la desaparición de las llamadas Sociedades Comunitarias Básicas y flexibilizaron su tránsito a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos Básicas a más tardar el 31 de julio de 2016.
Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorgará asistencia técnica, financiera y jurídica a las Sociedades Financieras Comunitarias para su adecuación a las nuevas disposiciones.
Las sanciones
A fin de evitar un caso de fraude como el de Ficrea, las modificaciones sitúan penas de prisión de 2 a 10 años y multas que van desde los 5 mil hasta los 50 mil días de salario mínimo a quienes incurran en operaciones fraudulentas.
Incluyendo a socios, consejeros, funcionarios, directores o gerentes generales y demás directivos o empleados o auditores externos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo o quienes intervengan directamente en una operación irregular.
Además, se plantea penas de prisión de 3 a 10 años y multas de 2 mil a 20 mil días de salario mínimo cuando el monto de la operación –quebranto o perjuicio patrimonial– no exceda el equivalente a 20 mil días de salario mínimo vigente en el país.
Además, contempla multa de 20 mil a cien mil días de salario, a las Sociedades Financieras Populares, que proporcionen, en forma dolosa, información falsa, imprecisa o incompleta a las autoridades financieras, o al Fondo de Ahorro Popular, que tenga como consecuencia que no se refleje su verdadera situación financiera, administrativa, económica o jurídica.
El documento fue remitido de manera al Senado de la República a consecuencia de dicho agregado y fue aprobado con 328 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones.
No a un rescate
Al fijar su posición sobre la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, la fracción del PAN anticipó su rechazo a lo que consideró un “rescate” de los ahorradores defraudados por Ficrea, aunque reafirmó su respaldo a las disposiciones para fortalecer la regulación de las cajas de ahorro popular y pequeñas sociedades financieras.
Su coordinador parlamentario, Ricardo Anaya, aseguró que no existe ninguna justificación para indemnizar a los usuarios de la referida sociedad, cuando existen “decenas de miles” de mexicanos víctimas de fraude de cajas de ahorro en todo el país sin ese apoyo.
Desde la tribuna, el perredista Fernando Belaunzarán y Patricia Araujo negaron que la legislación representante un nuevo rescate financiero similar al del Fobaproa y cuestionaron la falta de solidaridad del PAN con los ahorradores defraudados.
Durante el desahogo de los artículos reservados, la legisladora Eufrosina Cruz (PAN) dijo estar a favor de respaldar a los defraudados, sin embargo, expresó que hay más personas víctimas de estas instancias sociales en el país.
“En lo que yo no estoy de acuerdo es que por qué no se les hace una comisión también a los defraudados del estado de Oaxaca, a los de Chiapas, a los de Guerrero, a los de Michoacán, porque no pueden hablar, porque no son amigos de algunos ministros, de algunos diputados ¿Porque no pueden expresarse en español?”, arengó.
Explicó que sólo en Oaxaca existen 55 mil defraudados, que representa 5 mil millones de pesos, 75 cajas declaradas en quiebra, y quién nadie los ha escuchado, “resulta que los dueños de estas cajas son los grandes ampones, como Ulises (Ruiz), como (José) Murat (ambos ex gobernadores de aquella entidad)”.
“¿De qué se trata? De que siempre se les va a apoyar a los grandes emporios, a los que evaden el fisco? porque hasta hoy no tenemos una lista de quiénes son estos defraudados”, refutó la legisladora de origen indígena.