El Senado de la República aprobó en comisiones un proyecto de reforma al artículo 73 constitucional, a fin de facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en materia de desaparición forzada de personas y tortura.
Senadores integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, Derechos Humanos, Estudios Legislativos, Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda, coincidieron en que es impostergable tomar medidas contundentes para que este delito se encuentre adecuadamente previsto en la ley; así como contar con un nuevo marco regulatorio para prevenir, perseguir y sancionar este ilícito.
De acuerdo con el contenido del proyecto, el Congreso deberá adoptar todas las medidas legislativas para homologar los tipos penales y las sanciones por delitos de desaparición forzada, tortura, y en general otras formas de privación ilegal de la libertad y tratos crueles. Además de determinar medidas cautelares y de atención a las víctimas.
El proyecto señala que en una eventual legislación general, el Congreso deberá establecer claramente, las competencias de cada uno de los tres órdenes de gobierno para prevenir, combatir y disuadir la comisión del delito de desaparición forzada y de tortura.
Las ventajas
Al discutir el dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, afirmó que reformar al artículo 73 constitucional es un primer paso que permitirá al Congreso legislar para combatir la desaparición y la tortura y se podrá unificar en todo el país el tipo penal de ambos delitos, pues actualmente en los estados hay una interpretación distinta que no siempre es acorde a lo que señalan los tratados internacionales.
“Esta redacción, nos permite ciertamente dotarnos de la facultad para trabajar, como nos lo han exigido distintos organismos internacionales a partir de sendas recomendaciones y de también reclamos de distintas organizaciones de familiares de víctimas, de especialistas”, declaró.
En su turno, el senador del PAN y presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, explicó que esta reforma permitirá hacer más eficaz el combate contra estos fenómenos delictivos, en los que aseveró, inevitablemente implican la participación directa o la tolerancia de agentes del Estado.
Por su parte, la senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, reconoció voluntad política de los distintos grupos parlamentarios para hacer avanzar el proyecto de reforma el cual destacó, incorpora la visión, el interés y el compromiso de los senadores para generar nuevas leyes para atender esta realidad.
“Pudimos incorporar la visión, el interés, el compromiso que tenemos los senadores con los mexicanos, en un tema que indudablemente era menester reconocer los convenios internacionales, que México había firmado con organismos internacionales que han tratado el tema, y por otro lado, reconocer una realidad para que podamos a través de la norma, empezar a acotarla, a normarla, a regirla y desde luego a sancionar severamente cuando estos hechos se den”, sostuvo.
El dictamen incluyó diversas iniciativas que fueron presentadas en el Senado de la República por legisladores de diferentes grupos parlamentarios, así como de la sociedad civil. Tras su aprobación en comisiones, fue turnado a la Mesa Directiva, con miras a presentarlo en breve, ante el Pleno senatorial.