Antes de echar las campanas a vuelo por la aparición en el escenario burocrático del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), no estaría de más revisar la fantasmal existencia y los nulos resultados de una dependencia que nació hace 32 años para cumplir los mismos objetivos del casi recién nacido Sistema.
Nos referimos a la impresentable Secretaría de la Función Pública, bautizada en 1983 como Secretaría de la Contraloría General de la Federación, rebautizada en 1994 como Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y recontrabautizada en 2003 con el nombre que conserva hasta hoy.
Desde su creación en el sexenio de Miguel de la Madrid, ese organismo federal ha sido una vergüenza para los sucesivos gobiernos priistas y panistas.
Seis presidentes de la República entre 1983 y 2015 no han podido o no han querido echar a andar en serio la Secretaría de la Función Pública para sancionar las tropelías de los funcionarios del gobierno federal: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Y ahora resulta que después de 32 años de inútil existencia, la Secretaría de la Función Pública se hará a un lado -aunque no desaparecerá- para dar la bienvenida al casi recién nacido nuevo organismo anticorrupción, al que le falta todavía la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados de la República.
No hay motivos suficientes para dar la bienvenida al Sistema Nacional Anticorrupción, si hacemos el balance de resultados -todos negativos- de la Secretaría de la Función Pública, que en tres décadas de vida institucional fue y sigue siendo escudo protector de funcionarios corruptos y en algunos casos Santa Inquisición laica para quemar con a funcionarios estorbosos.
Para ejemplificar la torcida y selectiva conducta de esa dependencia, basta recordar el caso de Jorge Díaz Serrano, director general de Pemex de 1976 1981, a quien le cayó encima, cuando era senador en 1983, la espada vengativa de Miguel de la Madrid, que promovió el desafuero del político sonorense y lo encarceló acusándolo de fraude a la empresa petrolera que dirigió.
¿La razón de fondo por la que De la Madrid movilizó a la Secretaría de la Contraloría en contra de Díaz Serrano? La supuesta aspiración del ingeniero para disputarle al “hombre gris” la candidatura presidencial priista.
¿Alguien podría garantizar que el Sistema Nacional Anticorrupción no será una versión corregida y aumentada de esa tapadera que hoy se llama Secretaría de la Función Pública?
AGENDA PREVIA
Roberto Campa Cifrián fue nombrado por el Presidente de la República subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. El titular de esta última dependencia le puso rápidamente 10 tareas para promover y proteger el ejercicio de los derechos en nuestro país. “Haré mi mejor esfuerzo, articulando con todos los actores involucrados, los gubernamentales y los no gubernamentales, para que la política de Estado contenida en el Programa de Derechos Humanos 2014-2018, haga realidad colocar los derechos humanos en el centro de todas las acciones del gobierno”, respondió Campa. ¡Qué así sea!
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) informó que fueron 12 (y no 10 como dijimos ayer en este espacio) los grupos de inversionistas nacionales y extranjeros que se registraron para participar en la licitación de los nueve ingenios públicos propiedad del gobierno federal y que actualmente son operados por el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA). El SAE precisó que fueron 22 grupos que adquirieron las bases de participación dentro del plazo que conforme al calendario previsto en la convocatoria respectiva finalizó el pasado viernes 17 de abril, pero sólo una docena confirmaron su interés como potenciales inversionistas mediante el depósito de una garantía de seriedad (cinco millones de pesos) y quedaron formalmente inscritos como participantes para continuar en la siguiente etapa del proceso.