CHILPANCINGO. Un grupo de maestros de la Ceteg, transportistas y normalistas de Guerrero realizaron jueves y viernes diversas acciones como el saqueo y realización de pintas del Partido Acción Nacional (PAN) y un día antes realizaron la quema de propaganda electoral, en reforzamiento al boicot de los comicios del próximo 7 de junio, por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en el marco de que se cumplan siete meses de los hechos ocurridos en Iguala
Miembros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) así como de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG) y del Frente de Defensa Popular (FDP) ingresaron a la sede del PAN en Chilpancingo y sustrajeron propaganda electoral que posteriormente incineraron.
Horas después la Procuraduría General de la República (PGR) informó que había abierto averiguaciones previas por los actos vandálicos registrados en la sede partidista en Chilpancingo.
Este viernes integrantes de la Ceteg también entraron en los edificios de la Secretaría de Finanzas en Acapulco y la Subsecretaría de Finanzas en Chilpancingo.
En los actos también se cerraron unas oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), tal y como hicieron el jueves con ocho sedes del mismo órgano.
Una caravana de maestros recorrió el jueves varios edificios de la SEG y desalojaron a personal para declarar clausuradas por 48 horas dichas instalaciones.
Además, decomisó propaganda electoral de los principales partidos políticos en contienda al toparse con brigadas de varios de ellos, a quienes arrebataron volantes con mensajes políticos y playeras, entre otros materiales.
Estas acciones son consecuencia de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, en la noche del 26 al 27 de septiembre.
Los maestros, junto con los familiares de los jóvenes, piden el regreso con vida de los estudiantes e instan a cancelar las elecciones de junio al considerar que no hay condiciones para el proceso debido a los nexos de la clase política con el crimen organizado.
Dichos vínculos quedaron en evidencia el 26 de septiembre pasado, cuando el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, financiado por el cártel de Guerreros Unidos, ordenó a policías locales atacar a los jóvenes de Ayotzinapa.
Según la investigación oficial, los agentes detuvieron a los estudiantes y los entregaron a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula, una versión que rechazan los padres de los jóvenes.
El próximo 7 de junio más de 83 millones de mexicanos están convocados a las urnas para elegir 1,996 cargos, incluidos 500 diputados federales y los gobernadores de nueve estados, entre ellos Guerrero. ( Con información de EFE)