WASHINGTON. Catorce años después de que Estados Unidos criticase por primera vez a Tailandia por abusos laborales en su informe anual de contrabando, las capturas realizadas por pescadores esclavos en barcos tailandeses siguen llegando a las cadenas de abastecimiento de las tiendas y supermercados estadounidenses más importantes.
Estados Unidos no ha hecho valer su ley que prohíbe la importación de bienes realizados con trabajos forzosos desde 2000 por importantes lagunas, según halló la Associated Press. Esto también ha salvado a Tailandia de las sanciones aplicadas a otros países con registros similares por una complicada relación política que incluye cooperación contra el terrorismo.
El cómo lidiar con Tailandia y los abusos laborales fue abordada en sesión de Congreso esta semana, tras la investigación realizada por AP que encontró a cientos de hombres golpeados, hambrientos y obligados a trabajar con poco o ningún salario e incluso retenidos en una jaula en la localidad insular de Benjina.
Aunque funcionarios en agencias federales no respondieron directamente al motivo por el que no se habían aplicado la ley y las sanciones, destacaron que el Departamento de Estado puso el año pasado a Tailandia en la lista negra de peores infractores en su informe sobre el tráfico de personas en el mundo.
Phil Robertson, subdirector de Human Rights Watch para Asia, dijo que la situación de unos 4 mil trabajadores forzados en la industria de la pesca de Tailandia no puede ser ignorada más tiempo. Muchos son trabajadores migrantes de Mianmar y otros países que se vieron obligados a trabajar en barcos tailandeses en aguas indonesias.
“Nadie puede alegar ya que lo ignora”, dijo Robertson. “Esto es un caso de prueba para Washington tanto como para Bangkok”.
Hlaing Min, un pescador migrante huido, rogó ayuda a Estados Unidos.
“Básicamente, somos esclavos — y esclavitud es la única palabra que puedo encontrar — pero nuestra condición es peor que la esclavitud”, dijo. “En nombre de todos los pescadores aquí, pido a los congresistas que Estaos Unidos deje de comprar pescado a Tailandia (…) Este pescado lo capturamos con nuestra sangre y sudor, pero no obtenemos ningún beneficio de ello”.
Aunque las empresas del sector pesquero estadounidense condenan con contundencia los abusos laborales, algunas dicen que recortar todas las importaciones de un país concreto podría restarles capacidad para cambiar las cosas. Y el gobierno tailandés asegura que está tomando medidas para solucionar el problema, incluyendo la creación de un nuevo registro para trabajadores inmigrantes y el aumento de las sanciones a los traficantes de personas.
La Ley de Aranceles de 1930 da a Aduanas y Protección de Fronteras autoridad para confiscar envíos que se sospeche que emplearon trabajos forzosos y bloquear futuras importaciones. Sin embargo, la norma se aplicó solo en 39 ocasiones en 85 años. En 11 casos, las órdenes para detener los envíos fueron revocadas más tarde.
El caso más reciente se remonta a 2000, cuando Aduanas frenó la llegada de prendas de ropa de una firma de Mongolia. La orden fue revocada en 2001, tras una revisión posterior que señaló que los abusos laborales no eran ya un problema en la empresa.
Para iniciar una investigación, Aduanas necesita recibir una petición de cualquiera — una empresa, una agencia o incluso un no ciudadano — mostrando “razonablemente cuando no forma concluyente” que esas importaciones se realizaron al menos en parte con trabajados forzados. Pero el vocero Michael Friel señaló que, en los últimos cuatro años, el departamento recibió “solo un puñado de peticiones” y ninguna de ellas abordaba el problema de la pesca en Tailandia.
Expertos señalaron además dos grandes lagunas. Los productos obtenidos con mano de obra esclava pueden entrar en el país si la demanda de los estadounidenses no puede satisfacerse sin ellos. Y es difícil, si no imposible, demostrar que un contenedor específico de pescado está afectado porque normalmente en las plantas de producción se mezclan distintas capturas.
El ex abogado del Departamento de Justicia Jim Rubin apuntó también que Aduanas no puede frenar este tipo de productos sin la ayuda de otras agencias federales que investigan en el extranjero.
“No se puede esperar que una persona de Aduanas en la frontera sepa que una lata de salmón capturado en alta mar fue pescado por un esclavo”, dijo.
Más allá de la vertiente legal, la respuesta de Estados Unidos a Tailandia está condicionada por consideraciones políticas.
El año pasado, tras varias exenciones, el Departamento de Estado situó por primera vez al país del sureste asiático en la última posición de su informe sobre contrabando, mencionando la explotación laboral en la industria pesquera. Países con la misma consideración, como Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria, enfrentan sanciones parciales o completas. Pero ese no es el caso de Tailandia, que en 2014 recibió 18,5 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses en ayudas.
“Si Tailandia fuese Corea del Norte o Irán, serían tratados de forma diferente”, apuntó Josh Kurlantzick, representante del sureste asiático en el Consejo de Relaciones Internacionales. “Son un aliado clave y tenemos una relaciones con ellos”.
Estados Unidos suspendió ya fondos militares por importe de 4,7 millones país por el golpe de estado del ejército tailandés el año pasado. Sin embargo, el país sigue considerándose un aliado vital contra el terrorismo. Un informe del Senado estadounidense detalló el pasado diciembre cómo un presunto líder de Al Qaeda, Abu Zubaydah, fue sometido a ahogamiento simulado, arrojado contra una pared e aislado en una casa segura secreta en Tailandia como parte de los interrogatorios de la CIA en 2002. Y una año más tarde, un alto cargo de la formación radical fue detenido a las afueras de Bangkok.
Washington quiere tener fuertes relaciones con Tailandia como contrapeso a la creciente influencia de China, y ha aceptado sus afirmaciones de estar enfrentando los abusos laborales. Y el Departamento de Trabajo, que cada año etiqueta la pesca procedente de Tailandia como producida por mano de obra esclava, comenzó conversaciones para un plan de acción en otoño.
Un portavoz del gobierno tailandés, el general Sansern Kaewkamnerd, dijo que el ejecutivo “está decidido y comprometido a solucionar los problemas de tráfico de personas, no solo con palabras sino con acciones”.
Mientras tanto, pescadores inmigrantes recatados de Benjina están perplejos al saber que su situación era un secreto a voces desde hace años. Maung Htwe realizó trabajos agotadores para capitanes tailandeses en aguas indonesias durante siete años, ganando menos de cinco dólares al día, si tenía suerte.
“Algunas veces me enfado mucho. Es muy doloroso. ¿Por qué fui vendido y llevado a Indonesia?”, preguntó Htwe. “Si la gente ya conocía la historia, deberían habernos ayudado y emprender acciones”.