En uno de sus arranques espectaculares, Andrés Manuel López Obrador envió a Martí Batres Guadarrama a entregar en la PGR una lista de aspirantes a diputados para que investigaran sus antecedentes judiciales y si había algunas ligas con el crimen organizado.
Pero se trató, muy al estilo priista de López Obrador, de un acto demagógico. El líder y jefe máximo de Morena tuvo informaciones precisas de que algunos de los aspirantes a legisladores tenían manchas judiciales y a pesar de ello llegaron a las nominaciones oficializadas por el nuevo partido.
Un caso concreto es el de Gustavo de la Rosa Hickerson en Chihuahua, quien había sido visitador de la Comisión estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, apenas conocida la posibilidad de que sería candidato a diputado plurinominal por Morena, varios medios dieron a conocer evidencias de que De la Rosa estaba involucrado en denuncias de complicidad con algunos grupos del crimen organizado y protección a policías torturadores.
Y por encima de las quejas, De la Rosa quedó colocado en la lista de Morena en el noveno lugar de la primera circunscripción electoral. Aunque el sitio no le garantiza llegar al congreso federal porque la votación prevista para Morena será baja, de todos modos en Chihuahua se entendió el mensaje que envió López Obrador: el reparto de posiciones, no por rifa sino por complicidades.
En los hechos, de llegar a la Cámara, De la Rosa podría ser el Julio César Godoy que impuso el PRD en 2009, lo hizo jurar cargo y luego se vio en la penosa necesidad de desaforarlo por evidencias presentadas por la PGR. Dos denuncias contra De la Rosa están en poder de Indicador Político y en ellas se asientan nombres de personas que acusan a De la Rosa de torturador, traficante sexual de favores y relacionado por vínculos personales con el crimen organizado, de acuerdo con versiones del propio comisionado de Derechos Humanos del estado. Hasta donde se tienen datos, los documentos le fueron enviados a López Obrador pero ahora se sabe que quedaron ignorados, además de que los datos y documentos fueron colocados en los muros Facebook de Batres y de la operadora lopezobradorista Claudia Scheinbaum.
El otro mensaje del caso de De la Rosa se localiza en la asignación de candidaturas como tráfico de influencias. La posición nueve al ex visitador de derechos humanos de Chihuahua fue una posición entregada sin rifa a su sobrino Juan Carlos Loera de la Rosa, miembro de la dirigencia de Morena encargado de mexicanos en el exterior y política social. Así, la bancada de Morena estaría formada no sólo por favoritismos, sino por reparto familiar de plazas, exactamente igual que en el PRI, el PAN y el PRD.
Las quejosas Angélica Moncada, Hilda Díaz Moncada, Claudia Anel Sánchez y Laura Angélica Carrillo Salas han insistido en documentos judiciales en acusar a De la Rosa Hickerson de torturas, tráfico de influencias, violación de derechos humanos y presiones a demandantes en aras de defender a policías y delincuentes acusados por familiares de personas afectadas por De la Rosa. Algunas quejas fueron presentadas por escrito al fiscal general de Investigación y Persecución del Delito Zona Norte de la fiscalía de Chihuahua, donde sin duda López Obrador y Batres podrían consultarlas sin necesidad de que la PGR les haga su chamba de limpiar expedientes.
Lo grave del caso es que un violador de derechos humanos, acusado de nexos con cárteles del crimen organizado de Chihuahua y traficante de favores en la comisión estatal de derechos humanos de Chihuahua pueda tener fuero por relaciones familiares con funcionarios del partido Morena de López Obrador y llegue a la Cámara de Diputados. Y lo más grave es que De la Rosa Hickerson ha quedado ya articulado al grupo de poder de López Obrador y a Morena, con complicidades al estilo PRI y PRD.