Al participar en el segundo foro de propuestas, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), la mayoría de partidos, que compiten en la elección para diputados federales, coincidieron en la urgencia de reformar las leyes sobre tortura y desapariciones forzadas.
Con la ausencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los representantes de nueve partidos debatieron sobre Derechos Humanos e Impartición de Justicia.
Entre las coincidencias afirmaron que casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, donde se comprobó la participación de funcionarios públicos en violaciones a los derechos humanos, obligan a modificar la legislación en materia de desapariciones forzadas y tortura.
Mariana Benítez Tiburcio, candidata a diputada plurinominal, en representación del PRI, manifestó que la oferta del partido tricolor incluye siete reformas en materia de derechos humanos.
La también ex subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que entre las propuestas del Revolucionario Institucional está regular la recepción y atención de recomendaciones de organismos internacionales en casos de violaciones a los derechos humanos así como endurecer las penas a servidores públicos que participen en tortura o desaparición forzada.
Benítez Tiburcio aseguró que existen avances en justicia como la “Ley General de Víctimas, una nueva Ley de Amparo, históricamente se promulgo el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”.
Por parte del Partido Acción Nacional, el diputado Fernando Rodríguez Doval reviró a la candidata priista y apuntó que “el país vive una situación crítica en materia de derechos humanos, eso ha generado, incluso, un gran despertar de la sociedad que se han sentida agraviada con casos tan dramáticos, tan dolosos como el caso Tlatlaya, como el caso Ayotzinapa, como el caso Apatzingan”.
El representante blanquiazul aseveró que su partido rechaza la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de disolver las policías municipales y la instauración de un mando único.
“No nos parece que sea la más adecuada, por el contrario, hay que fortalecer a las instituciones municipales, que como sabemos es la instancia más cercana al ciudadano, y de esa manera lograr que puedan de mejor manera combatir al crimen organizado”, consideró.
Lilia Aguilar, diputada federal del Partido del Trabajo, se sumó a las fuerzas políticas que piden reformas en desaparición forzada y tortura, “la negación de la realidad no significa que en este país no haya una violación sistemática a los derechos humanos, es decir, el contraponerse a la realidad de si existe o no tortura en el Estado mexicano frente a las opiniones internacionales, no quiere decir que hoy vivimos un estado garantista”.
Por su parte, Martha Tagle de Movimiento Ciudadano calificó como alarmantes las cifras de denuncias por tortura en los últimos años, “de diciembre de 2006 a octubre de 2014 suman cuatro mil 55 casos, de los cuales mil 884 están en investigación, pero las sentencias entre 2015 y 2013 no son más de cinco; las cifras no deberían ser un dato relevante o no el más importante, debería ser suficiente un solo caso para ocuparnos del tema de violaciones de derechos humanos”.
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