Desde hace algunos años, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido el “instrumento ideal” para fomentar el tráfico de indocumentados, la creación y operación de redes de prostitución, de tráfico de armas, de droga y otras actividades ilícitas que cometen integrantes de la delincuencia organizada coludidos en ocasiones con funcionarios de ese organismo.
No es aventurado señalar que la mayoría de los comisionados que han pasado por ese Instituto, le ha rehuido a combatir a quienes se dedican a esos negocios que dejan decenas de miles de millones de dólares al año, argumentando que no tienen recursos financieros ni personal capacitado para el control en nuestras fronteras, que no hay infraestructura, que la entrometida Comisión Nacional de los Derechos Humanos les obstaculiza el trabajo, etcétera, lo cual es cierto.
Uno de los tantos comisionados que pasó en la administración panista, comentó alguna vez al columnista que ante la corrupción que existía en ese organismo y los intereses de ciertos grupos que participan en las mencionadas actividades, lo mejor era aplicar la estrategia de “dejar hacer, dejar pasar”.
Felipe Calderón tuvo el descaro y el cinismo de afirmar (mayo del 2011) que “la política migratoria funciona mal” y para que funcionara bien promulgó la nueva Ley de Migración, que no ha servido para gran cosa. Cecilia Romero, una de las tantas comisionadas que ha tenido ese Instituto, anunció un “proceso de restructuración y lucha contra la corrupción al interior del INM”, y también una serie de acciones para ofrecer una gestión y operación migratoria moderna y eficaz y acabar con la corrupción y con otros flagelos.
Nadie supo qué fue de estas acciones. Pero después de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, pusieron a la señora Cecilia Romero de “patitas en la calle”.
Ya en este sexenio, el gobierno federal creó el Programa Frontera Sur, que permitirá, según la versión oficial, lo siguiente:
- Modernizar la operación de los 12 cruces internacionales oficiales, transformando los puntos de revisión aduanales en Centros de Atención Integral para el Tránsito Fronterizo.
- Brindar mayor protección a los migrantes y mejorar las condiciones en que operan los albergues y estaciones migratorias, incluyendo los espacios para menores no acompañados, todo ello trabajando de la mano siempre con la sociedad.
- Ampliar la colaboración con Centroamérica para el resguardo y repatriación de los migrantes, así como la disminución de las condiciones que alientan el fenómeno migratorio.
- Fortalecer las acciones contra el crimen, el intercambio de inteligencia con los países vecinos y, destacadamente,
• Incrementar la colaboración regional e institucional encaminada a proteger y dar certidumbre a quienes cruzan nuestra frontera.
- También en julio del año pasado, el secretario de Gobernación anunció una “estrategia mayor” para impedir que los migrantes centroamericanos utilizaran el tren La Bestia como transporte de pasajeros. Nadie se atrevió a decirle a Miguel Osorio Chong que desde hace varios años y hasta la fecha, ninguna autoridad civil ha sido capaz de ofrecer protección a los hombres, mujeres y niños, provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, que abordan La Bestia en Chiapas y en Tabasco, y mucho menos ha logrado que los migrantes abandonen su empeño de cruzar el territorio nacional mexicano para cumplir el american dream.
Valga este breve recuento para darle la bienvenida a Omar de la Torre, encargado –mientras lo nombran titular– de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, dependencia a la que pertenece el Instituto Nacional de Migración. Habrá que ver a quién designa comisionado del INM para saber a qué le van tirando los migrantes.