El presidente Enrique Peña Nieto convocó a mejorar la justicia cotidiana en México, que dijo se encuentra rezagada, olvidada y en muchos casos rebasada, porque ello implicará, en el fondo, renovar el pacto social.
Con este nuevo pacto los ciudadanos reafirmarán su confianza en la ley y las autoridades mostrarán su compromiso ante la sociedad, dijo al recibir en el Museo Nacional de Antropología, el Informe y Propuestas sobre Justicia Cotidiana en México que encargó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Reconoció que la justicia que todos los días buscan los ciudadanos es en muchos casos excluyente, lenta, compleja y costosa, lo que da como resultado que la mayoría de los mexicanos no acceda a ella o quede insatisfecho.
Añadió que en consecuencia se presentan la ilegalidad, la impunidad y el abuso, que significan un desafío estructural en materia de justicia cotidiana, pero que al ser reconocido significa el primer paso para su solución.
“Las cosas ya no pueden seguir así y debemos lograr que se cumpla el postulado de José María Morelos y Pavón, quien exigía que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo defienda y ampare frente al poderoso”, expresó.
En este marco el presidente se comprometió a escuchar la voz, las ideas y las propuestas que recogieron del CIDE y otras 17 instituciones, a las cuales le entregó reconocimientos por escrito durante este mismo evento.
Además, informó que giró instrucciones a la Consejería Jurídica de la Presidencia para analizar a fondo las propuestas e iniciar los trabajos en coordinación con todos los órdenes y niveles de gobierno, para “resolver juntos los problemas añejos de la justicia cotidiana en México”.
La sociedad mexicana no está dispuesta a resignarse ante la injusticia y por ello el gobierno federal iniciará cuanto antes una intensa campaña para que los mexicanos conozcan sus derechos y sepan dónde y cómo reclamarlos, además de que los procesos sean sencillos, flexibles y económicos.
“Que todo el que se queje con justicia obtenga una solución satisfactoria y, en general, hacer de México una nación más justa”, manifestó el jefe del Ejecutivo federal.
En el evento el presidente estuvo acompañado por la procuradora General de la República, Arely Gómez, y otros funcionarios del gobierno federal, así como gobernadores, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y académicos de diversas instituciones.
El estado de derecho se desvanece
Al hacer el estudio sobre justicia cotidiana se encontró un escenario preocupante, donde los mexicanos carecen medios para solucionar conflictos por medio de las instituciones, desconocen sus derechos y cuando los conocen encuentran procesos son largos y onerosos, los servicios de representación jurídica inciertos y de mala calidad.
Así lo dijo Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) durante la presentación de la evaluación y propuestas sobre la justicia cotidiana.
“Las instituciones de justicia no tienen las condiciones para pacificar y resolver problemas de personas, sino que administran formalismos y procedimientos”, indicó.
El doctor afirmó que es ahí donde ocurre la discriminación sistemática y se perpetúan las desigualdades sociales, en el acceso a la justicia y condiciones de vida.
“En este contexto, las posibilidades de que el Estado logre dar vigencia plena a los derechos, mejore las condiciones de vida de la población, propicie un entorno favorable al crecimiento económico y construya un auténtico Estado de Derecho, simplemente se desvanecen”.
Explicó que para salir de la situación formularon recomendaciones que pretenden transformar, paulatinamente, las condiciones de acceso a la justicia de la mayoría de los mexicanos.
“Las 217 recomendaciones que se desprenden de los foros y que ahora entregamos al Presidente de México, y ante todos ustedes, constituyen más un programa de acción de largo aliento, que puede servir de base para elaborar una política pública nacional de acceso a la justicia”.
López Ayllón indicó que se identificaron cuatro temas prioritarios: La creación de centros de asistencia jurídica temprana; regular el ejercicio y la responsabilidad profesional de los abogados; revisar la operación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y diseñar un nuevo modelo de justicia familiar.