Todo parece indicar que las 10 medidas que el presidente Enrique Peña Nieto presentó a la Nación el 27 de noviembre pasado para mejorar las condiciones de seguridad y de justicia en nuestro país, no han dado los resultados que esperaba. El lunes él mismo reconoció que “la justicia cotidiana está hoy rezagada, olvidada, y en muchos de los casos, rebasada”.
Durante la presentación del “Informe y Propuestas sobre Justicia Cotidiana en México”, que elaboraron -a petición del Jefe del Ejecutivo- académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) con la participación de otras instituciones, el Presidente de la República explicó que “cuando nos referimos a la justicia cotidiana estamos hablando de ámbitos de justicia diferentes al penal, pero igual de importantes como el civil, el laboral, el mercantil, el administrativo; ámbitos que sentimos más cercanos y que son los más importantes para vivir en comunidad.
Es la justicia que permite a un menor recibir la pensión alimenticia, que por derecho le corresponde; es la justicia que demanda una trabajadora despedida por estar embarazada; que merece el dueño de un negocio que no puede cobrar un cheque, o que se ve acosado por inspectores abusivos, quienes le impiden realizar su actividad productiva”.
En la práctica, agregó Peña Nieto, la justicia cotidiana suele ser excluyente, lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no accedan a ella o queden insatisfechos con sus resultados. Cuando la justicia formal es inaccesible o poco útil, se generan espacios de ilegalidad e impunidad, de corrupción y abuso.
Para hacer frente a esta problemática y comenzar a resolverla, el Presidente de la República solicitó al Centro de Investigación y Docencia Económicas la organización de foros de consulta popular en donde participaron juristas, académicos y representantes de la sociedad civil. Los investigadores del CIDE entregaron al presidente Peña Nieto 217 propuestas para acabar con la injusticia.
El presidente Peña Nieto pidió al consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, coordinar los trabajos necesarios para hacer realidad los planteamientos que entregó el CIDE.
La pregunta obligada de quienes durante décadas han padecido la injusticia cotidiana, es: ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que esas 217 acciones sugeridas se instrumenten?
Los observadores políticos hacen la siguiente observación a las propuestas del CIDE: Es increíble que las reputadísimas instituciones que trabajaron día y noche sobre el tema de la justicia cotidiana, no hayan dedicado en su sesudo estudio al menos un par de parrafitos en referencia al primer problema que enfrenta el ciudadano de a pie que busca justicia: la corrupción generalizada de la burocracia judicial.
Mientras el gobierno no ataque en serio y a fondo la corrupción -que forma parte integral del viciado y perverso sistema de la administración pública y de la “cultura” política nacional-, no servirán de nada los análisis.
AGENDA PREVIA
Dijo el doctor Fatih Birol, economista en jefe y director ejecutivo electo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), en su visita a México: El reto para la reforma energética mexicana será su capacidad de atraer nuevas inversiones. De acuerdo con estimados de la agencia, el sector energético nacional necesitará inversiones de cerca de 500 mil millones de dólares en los próximos 10 años, más de tres cuartas partes destinadas a la producción de petróleo y gas e infraestructura, y la mayor parte del resto para el sector eléctrico. Con dicha reforma se podrían alcanzar niveles de producción en el 2025 de alrededor de cuatro millones de barriles de petróleo diarios, lo que significa 300 mil millones de dólares de ingresos a la economía mexicana.
O sea que hasta dentro de 10 años podremos gritar: ¡Soooooomoooooos ricos!