Human Rights Watch urgió a la procuradora general de la República, Arely Gómez González, a acelerar la implementación del acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para la creación de la base de datos Ante-Mortem/Post-Mortem para cruzar la información sobre restos sin identificar y personas desaparecidas.
En una carta dirigida a Gómez González, HRW recuerda que el convenio lo firmó la PGR en febrero de 2013, pero hasta agosto de 2014 sólo seis jurisdicciones habían firmado un acuerdo adicional para obtener el software y el sistema no estaba funcionando plenamente en ninguna.
“Esta nueva base de datos podría ser crucial para determinar el paradero de muchas de las personas desaparecidas, permitir que las familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos y facilitar investigaciones penales que podrían posibilitar que se juzgue a los autores de estos delitos”, dice la carta.
En otro de los puntos HRW exhorta a elaborar una lista pública de las 30 mil personas cuyo paradero se desconocía y fueron halladas, así como de las 22 mil personas que continúan extraviadas. Estas listas servirán para dar claridad a los datos sobre desapariciones en México y determinar cuáles son presuntamente forzadas.
En la carta, se hace referencia a tres temas: desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura. En el primero, HRW recordó que en febrero de 2013 presentó un informe sobre casi 250 casos de desaparición durante el gobierno de Felipe Calderón; ahí se documentaba que en 149 de ellos participaron agentes de distintas fuerzas de seguridad.
Como caso emblemático de desaparición se menciona Ayotzinapa. Ahí, se recomienda a la PGR y demás autoridades de justicia dar facilidades al grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre las ejecuciones extrajudiciales, HRW reportó que en 2001 encontró evidencia de 24 casos donde integrantes de fuerzas de seguridad perpetraron una ejecución sin orden judicial y que además habían alterado la escena para manipular o destruir evidencia.
La intervención de la PGR en casos como los de Tlatlaya y Apatzingán fue cuestionada por HRW, ya que en ambos información periodística contradijo la versión oficial y sólo así se comenzó una investigación desde la instancia federal.
Citando su estudio “Ni seguridad, ni derechos”, Human Rights Watch comprobó que miembros de las fuerzas de seguridad utilizaban de manera sistemática la tortura para obtener confesiones bajo coacción de detenidos o información sobre organizaciones criminales.
La recomendación final del organismo internacional es que Gómez González debe de hacer válidos sus compromisos de cuando asumió el cargo: trabajar en protocolos de investigación de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así como a continuar investigando la desaparición de los estudiantes en Iguala y el caso de Tlatlaya.