Para evitar el ingreso de recursos del crimen organizado en las campañas electorales o el lavado de dinero, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) considera a los 4 mil 496 candidatos a diputadas federales, los 66 aspirantes a gobernadores en nueve entidades y a la totalidad de candidatos que compiten por alcaldías y legislaturas locales, como “Personas Expuestas Políticamente”.
Con ello, el SAT tiene las facultades para investigar su historial fiscal, es decir, sus operaciones financieras, origen de sus recursos, rastreo de sus bienes y participación accionaria en empresas.
Derivado de la reforma política, vigente desde el 23 de mayo de 2014, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) robusteció la fiscalización a partidos políticos y candidatos y estableció un nuevo sistema, con el cual, durante las elecciones, las autoridades electorales pueden traspasar, incluso, el secreto bancario, fiduciario y fiscal para investigar el origen de las aportaciones a las campañas políticas.
Para cumplir con ese objetivo, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmaron un convenio de colaboración, cuya copia posee 24 HORAS, y en el cual detallan que el objetivo primordial es combatir el lavado de dinero y el ingreso de recursos de procedencia ilícita en las campañas 2015 a través de una vigilancia coordinada entre las autoridades fiscales y electorales a través de una Comisión Técnica.
El documento señala que “el INE remitirá al SAT el RFC, CURP y nombres de los candidatos a cargos de elección popular y de representación, de dirigentes y de los titulares nacionales de sus órganos de finanzas de los partidos y en general de cualquier persona que por su situación o características encuadren en la definición de personas políticamente expuestas, de conformidad con el Reglamento de Fiscalización”.
Los alcances
De acuerdo con la SHCP, en la categoría de “Persona Expuestas Políticamente” se encuentran el Presidente de la República, los secretarios de Estado, el titular de la Procuraduría General de la República, representes del gobierno mexicano en el extranjero y mandos altos de la Administración Pública Federal.
La Secretaría de Hacienda abunda que “el concepto de Personas Expuestas Políticamente emana de las Cuarenta Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), organismo intergubernamental encargado de promover medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como de crear estrategias para que los recursos de procedencia ilícita no sean utilizados en actividades lícitas”.
Y tras el convenio SAT-INE, la totalidad de candidatos que competirán en las elecciones del próximo 7 de junio, fueron incluidos en la categoría de Personas Expuestas Políticamente, con lo que el Sistema de Administración Tributaria investigará sus antecedentes, desde “su profesión, actividad o giro del negocio, el origen y destino de sus recursos, el lugar de su residencia y las demás circunstancias que determine el propio sujeto obligado”.
Incluso, la actividad financiera de los candidatos estará bajo la lupa de las autoridades electorales y fiscales debido a que el SAT tiene la facultad de “determinar si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente con las funciones, nivel y responsabilidad de dichas personas, de acuerdo con el conocimiento e información de que dispongan los sujetos obligados”.
Al respecto, el convenio indica que tanto el SAT como el INE deberán “coordinarse para realizar las acciones necesarias en el ámbito de su competencia, entre las que se encuentran la coordinación de acciones relativas al intercambio de información sobre las personas políticamente expuestas, origen de los recursos obtenidos por los partidos políticos, precandidatos, candidatos, aspirantes, candidatos independientes y demás”.
Para ello, el convenio crea una Comisión Técnica, integrada por funcionarios del INE y SAT, entre cuyas funciones resalta el intercambio de información como un informe mensual, a través de una base de datos electrónica, sobre la totalidad de “operaciones facturadas a la razón social de los partidos políticos con registro nacional y local”.
En suma, con el intercambio e investigación de información fiscal de candidatos y partidos buscan eficientar “la fiscalización del origen y destino de los recursos de los partidos políticos, proveyendo información sobre los proveedores y aportantes de estos, incluso sobre gastos soportados con comprobante fiscal y el uso de mercancías importadas”.
INE traslada a Jalisco debate de partidos
Como cada lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará hoy en Zapopan, Jalisco, el tercer foro de análisis “Las Plataformas Electorales 2015”.
Durante el debate, que iniciará a las 11:00 horas y tendrá una duración de dos horas, los representantes de los partidos políticos abordaran los temas de federalismo y reforma del Estado.
El foro será moderado por el consejero electoral Enrique Andrade González, y participará como especialista Luis F. Aguilar, investigador de la Universidad de Guadalajara.
El acto se realizará en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de dicha casa de estudios.
El objetivo de estos foros es que los partidos intercambien sus argumentos y contribuyan a que los ciudadanos cuenten con más información de cara a las elecciones del 7 de junio.
Después de Jalisco, habrá foros en Monterrey, Nuevo León; Toluca, Estado de México; Xalapa, Veracruz, mientras que el último será en el Distrito Federal, donde se realizaron los dos primeros.
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