Cuando se creía que habían quedado superadas aquellas perversas decisiones de los políticos de echar mano de los recursos de los contribuyentes para rescatar a unos cuantos privados que perdieron su dinero bajo su propia responsabilidad, de un golpe nos damos cuenta que no es así.
Lo hicieron a manos llenas con algunos banqueros en la crisis que estalló en 1994, lo repitieron con los socios del viejo Aeroméxico y lo hicieron innumerables veces en el pasado. Impunemente políticos, funcionarios públicos y algunos empresarios se apropiaron de los recursos públicos para salvar sus patrimonios personales enarbolando la bandera mediática de conservar empleos o de no causar estragos a la economía. Nada de eso, fueron simple y sencillamente robos al erario, algunos de los cuales aún seguimos pagando todos.
Pues bien. Los actuales legisladores nos han mostrado que están dispuestos a continuar con esta perversa forma de actuar echando mano de los recursos de los contribuyentes -como si fueran de ellos- para “devolverles” a los inversionistas de la quebrantada Ficrea los depósitos que perdieron -hay que decirlo claramente- bajo su propia responsabilidad. Cuando invirtieron en Ficrea, nadie les garantizó la integridad de sus inversiones salvo el seguro a depositantes que establece el Fondo de Protección de las Sofipos hasta por 25 mil Unidades de Inversión (UDI), unos 132 mil pesos. No más.
Y muchos de estos inversionistas no eran nada ingenuos, aunque sí avariciosos. De hecho, entre estos inversionistas que ahora reclaman por sus millonarios depósitos se encuentran los gobiernos de Coahuila y del Distrito Federal.
Ahora los legisladores pretenden que con recursos públicos se reintegre a cada uno de los privilegiados inversionistas un millón de pesos para mitigar sus pérdidas. Lo que significaría formar ‘una bolsa’ de hasta 1,700 millones de pesos de los impuestos que pagan los mexicanos para resarcir las pérdidas de unos cuantos inversionistas privados.
El asunto es delicado por lo que implica: La aprobación de incentivos perversos selectivos que alienta la impunidad en el uso de los recursos públicos, precisamente cuando la ciudadanía exige mayor transparencia y eficiencia en el gasto público.
El asunto es escandaloso porque, además, se pretende un trato diferenciado. El año pasado las autoridades financieras revocaron la autorización al banco Bicentenario por su bajo nivel de capitalización, que es una quiebra de facto. Dado que el quebrado banco se había formado a partir de una caja de ahorro, su base de socios-ahorradores era muy amplia y todos ellos -en calidad de socios- perdieron sus recursos. Lo mismo ocurrió con los ahorradores que no eran socios, aunque para éstos aplicó el seguro de depósito del IPAB que tienen todos los clientes bancarios del país y que asciende a 400 mil UDI.
Los legisladores juegan, una vez más, con el fuego de la desconfianza cuando, por conveniencias particulares, deciden modificar las leyes alentando incentivos perversos como es el caso de Ficrea. Un golpe a la confianza de los inversionistas y un regreso al pasado que los contribuyentes no deben permitir.
DEUDA A LAS NUBES. Los costos financieros que paga el gobierno por su deuda se han ido a las nubes. Las empresas del Estado duplicaron sus gastos por intereses, comisiones y gastos financieros en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2014. Pasaron de 13.8 mil millones de pesos a 28.6 mil millones de pesos. En el sector público en su conjunto el incremento anual en costos financieros fue de 35.7% para este periodo.