La secretaria de Salud, Mercedes Juan López, aceptó la necesidad de explorar esquemas de protección financiera que permitan a las empresas aseguradoras hacerse cargo de coberturas que el sector público ya no pueda atender por falta de capacidad económica.

 

Durante su intervención en la 25 Convención de Aseguradores de México, la funcionaria señaló que la dependencia ya analiza el documento “Hacia la cobertura universal y la protección financiera de la salud en México”, elaborado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el Instituto Nacional de Salud Pública y la Fundación Mexicana para la Salud que plantea mecanismos para que el sector asegurador opera algunas coberturas.

 

Citó como ejemplo la insuficiencia renal crónica, un padecimiento que representa un gran problema financiero para las familias y para los Sistemas de Salud, y para el cual se podría plantear la participación de las aseguradoras privadas.

 

La asociación de la industria privada y el sector asegurador con las instituciones de salud pública se planteó como una posible respuesta a los retos financieros que implican los cambios en la dinámica poblacional, con el aumento de la expectativa de vida y la reducción en la tasa de fecundidad.

 

Esto, aunado a los cambios en el perfil epidemiológico del país, con un mayor número de muertes asociadas con padecimientos crónicos no transmisibles como diabetes, enfermedades cardiovasculares y tumores malignos. Por ejemplo, en los últimos 30 años el número de pacientes que falleció a causa de la diabetes mellitus pasó de 21.8 defunciones en 1980 a 72.6 en 2012 por cada cien mil habitantes.

 

En 2014, se registraron más de 611 mil defunciones; 57.6% de ellas fueron por enfermedades crónicas no transmisibles tumores malignos y accidentes. A estos padecimientos se debe la pérdida de 77% de los años de vida saludables, lo que quiere decir que una persona muere de manera prematura.

 

“El nuevo perfil epidemiológico y demográfico puede ser causa de una mayor y prolongada discapacidad que provoca la disminución de la productividad y menos recursos disponibles. Estos efectos están relacionados con el ausentismo laboral, con los riesgos en la sustentabilidad financiera del sistema, así como los altos costos de los seguros de vida y seguros médicos y los asociados a la jubilación temprana entre otros”, señaló.

 

En su oportunidad, el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMISA), Mario Vela Barrondo, mencionó que la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social es uno de los ejemplos por los cuales se hace necesario lograr que la asignación de recursos para los servicios de salud se haga más eficiente y transparente.

 

“Uno de los temas más preocupantes a futuro es el déficit creciente del Seguro de Enfermedades y Maternidad del IMSS, que para el 2015 se espera que acumule un déficit equivalente al 12.4 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

 

Por ello, dijo, los sectores público y privado deben sumar esfuerzos para reducir dicho déficit y además dar cobertura a los 19 millones de personas que aún no están protegidas y ampliar el alcance de protección mediante seguros complementarios”, señaló.