Los siete partidos políticos que suscribieron el Acuerdo de Civilidad y Compromiso convocado por el IEDF se comprometieron a cumplir 14 puntos para que el proceso electoral en la capital del país se desarrolle dentro de un marco de respeto, equidad, legalidad y transparencia.
Rechazan cualquier conducta, convenio o entendimiento que afecte los elevados principios de la legislación electoral, así como aquellos comportamientos que privilegien ventajas personales que violen la normatividad, acuerdos y consensos que se establezcan en los órganos electorales responsables del proceso.
El acuerdo fue suscrito por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Humanista y Encuentro Social, que externaron su disposición de cumplir con puntualidad los mandatos de la Ley Fundamental y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Asimismo, las disposiciones de las leyes generales y las del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, así como los acuerdos emitidos por los órganos electorales locales.
También asumieron la obligación de estar atentos a todas y cada una de las acciones y controversias que sobre la organización del proceso electoral se pudieran presentar, la vigilancia directa de las conductas de candidatos, militantes y personal que colabora en las campañas electorales.
Estas acciones son con el propósito de guardar en todo momento de la campaña electoral y hasta el día de la votación un ambiente de cordialidad y de respeto frente a sus adversarios.
De la misma forma ante el electorado, velando por su seguridad y en su caso, hacer las denuncias correspondientes en aquellas situaciones en que se adviertan actuaciones indebidas.
En el documento privilegian el debate sobre propuestas de participación política, por encima de descalificaciones públicas a los otros candidatos, a miembros que integran el órgano de conducción del proceso y a integrantes de las dirigencias partidarias.
En ese contexto, aceptaron la obligación de acudir a las instancias correspondientes a dirimir cualquier tipo de controversia, evitando la confrontación directa y la descalificación en los medios de comunicación.
En materia de organización y participación en debates públicos sostendrán un elevado y respetuoso nivel de contenido en las propuestas dirigidas al electorado, omitiendo en todo momento argumentos y descalificaciones personales que pueden inducir a generar confusión entre la ciudadanía.
Respecto de la propaganda política, exigieron a sus colaboradores, militantes y simpatizantes guardar el respeto absoluto a las actividades de campaña y los medios o instrumentos de propaganda y difusión de todos los candidatos, evitando en todo momento la destrucción, alteración o sustracción de la misma.
Otro de los acuerdos a los que llegaron fue evitar la difusión, apropiación, uso y ejecución de programas sociales por y a favor de cualquier candidato, partido político o candidatura común.
Hacer uso responsable y apegado a lo dispuesto por la normativa electoral, de los elementos publicitarios para difundir la imagen y propuesta de los aspirantes y partidos políticos, respetando en todo momento el derecho de los mismos a promocionarse bajo las mismas circunstancias.
También a no hacer uso alguno de recursos públicos o de cualquiera de las instancias gubernamentales, de las jefaturas delegacionales, de los gobiernos capitalino o federal, para favorecer a algún candidato o partido político.
En materia de elaboración y difusión de encuestas acordaron respetar los lineamientos y los criterios generales de carácter científico definidos por la autoridad electoral nacional y no dar a conocer información que corresponda a algún estudio, sondeo o ejercicio que no se ajuste a los criterios definidos por la autoridad.
Incentivar el uso del lenguaje incluyente en todos los actos de campaña y propaganda electoral, evitando el uso de manifestaciones sexistas, misóginas, homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, antisemitas o cualquier otra que implica odio, estigmas o prejuicios hacia los diversos grupos de población.
También promover y reconocer la participación de los pueblos indígenas originarios de la ciudad de México en el desarrollo de las campañas de las candidaturas a los cargos de diputados a la Asamblea Legislativa y a las jefaturas delegacionales, y el respeto a los derechos humanos.
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