El sábado 9 de mayo a las 9 horas hubo una intervención policiaca en el Valle de San Quintín, en Baja California. Fue la Policía Estatal Preventiva. Más de 70 heridos; muchos de ellos graves, todos jornaleros.
Fue un operativo que tenía como objetivo ‘controlar’ un movimiento que va en aumento desde el año pasado y que es el resultado de la suma de abusos patronales, errores de gobierno, descuidos, corruptelas, inconsistencias e influyentismos. Pero sobre todo tiene que ver con la incapacidad del gobernador Francisco –Kiko– Vega de Lamadrid (PAN), para salir, dar la cara y buscar una solución al problema que ya se le salió de las manos en tiempos electorales.
Según la versión oficial, este sábado, en la comunidad Triqui de la colonia Nueva San Juan Copala, un grupo de jornaleros quería ingresar al campo agrícola Rancho Seco, donde se cultiva jitomate. Otro grupo de jornaleros intentó disuadirlos porque el miércoles próximo llegará el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava para solucionar. (Había cancelado el viernes 8 de mayo porque “no tenía forma de llegar al lugar”). Aterrorizado el propietario del rancho mandó a llamar a la policía que llegó de inmediato para evitar la “invasión y la posible quema del rancho”.
Nada de diálogo o disuasión: Según testigos, la policía llegó y de inmediato los agentes comenzaron a tirar balazos, a la gente le quitaron los celulares para que no grabaran la agresión –dicen- mientras alguno de los agentes gritaba: “¡Ahora sí se fregaron; los vamos a matar”.
Los jornaleros que estaban ahí corrieron para resguardarse entre calles y casas, pero eran perseguidos y hasta ahí llegaron los uniformados que lanzaron balas de goma y una tanqueta. Con palos y piedras los jornaleros intentaban su defensa. Fueron 70 heridos, siete de ellos graves y cinco detenidos y una situación extremadamente complicada para el gobierno estatal y federal.
Desde octubre de 2014 un grupo de trabajadores de los aproximadamente 75 mil que hay ahí, advirtió al gobierno estatal que la situación laboral para ellos era insostenible. El 22 de enero de este año quisieron establecer otra mesa de diálogo, pero los trabajadores vieron cómo llegaban a las pláticas funcionarios menores sin autoridad y sin toma de decisiones.
Se menospreciaba el pliego petitorio para el que querían el apoyo del gobernador y a quien pedían que convocara a un diálogo con los patrones de las 12 empresas a las que se señala de “darles trato de esclavos y violar los más elementales derechos humanos y laborales” y con los secretarios del ramo para mejorar las condiciones de trabajo.
Según Zeta, como la peor empresa se señala a la compañía Santa María de Los Pinos, “es propiedad de los hermanos Víctor y Antonio Rodríguez, éste ex secretario de Fomento Agropecuario en el Estado. Misma situación en la que se encuentran las empresas Valladolid y Aragonés, propiedad de Manuel Valladolid Seamanduras, actual secretario de Fomento Agropecuario en BC”. El gobernador no quiso acercarse ahí.
El pliego petitorio del que enviaron una copia al presidente Enrique Peña Nieto incluye: “El respeto al derecho laboral para los trabajadores agrícolas; revocación del contrato colectivo firmado por la CTE y la CROC; afiliación al Seguro Social; pago de todas las prestaciones de Ley, como aguinaldo, vacaciones, horas extra; desaparición del salario compactado; sueldo de 300 pesos al día; respeto los derechos de las madres trabajadoras y fin al acoso sexual por parte de mayordomos y patrones…”
La madrugada del 17 de marzo comenzó la movilización de jornaleros. Ahora se exigía la presencia del gobernador y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. No hubo respuestas. Una confrontación estalló y hubo saqueos y bloqueos, particularmente en la carretera Transpeninsular.
La otra respuesta fue la detención de muchos y más tarde el envío de un funcionario menor para intentar disuadir a los jornaleros: el subsecretario de Gobierno estatal, Pablo Alejo Núñez, que lo único que hizo fue empeorar la situación. El gobernador no fue, pero desde su helicóptero sobrevoló la zona: “No estaban dadas las condiciones”, diría.
El grito: “¡Por qué no viene el gobernador? ¡Que dé la cara: cuando andaba de candidato vino sin importar si hacía frío y ahora no se para para enfrentar los problemas!”
Alejo Núñez: “¡Tengo dos días sin comer, por Dios! ¡Se los juro, no he comido: necesito unos taquitos de frijol!… muchachos, quiero que entiendan: nosotros –gobierno- no creamos estas condiciones, me voy a llevar su carta…”
–¡No, usted no se va! ¡Usted se queda aquí!… ¡que venga el gobernador por usted, si el gobernador lo aprecia, que venga por usted, que dé la cara, que no lo aviente por delante…!”
Los ánimos en San Quintín están exaltados. El origen laboral del problema pudo solucionarse desde instancias municipales y estatales. Pero ha remontado. Aun así, la inexperiencia para la negociación política, el temor a que se descubran complicidades entre empresarios y gobierno, la falta de estrategias de diálogo político para la disuasión y la ausencia de un contenido social a los programas de gobierno están ahí, a la vista, en San Quintín…
El miércoles 8 de mayo tiene prometida su asistencia el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava. Tiene un problema serio ahí; pero también los jornaleros han demostrado voluntad de diálogo y viabilidades para llegar a acuerdos justos. ¿Podrá solucionarlo? ¿Y el gobernador Kiko, acudirá esta vez para hacer su trabajo?… ¿Y la responsabilidad de los propietarios en dónde queda?… Ya veremos.