Hace 10 años, siendo delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México, dicté medidas cautelares contra la empresa OHL por la construcción del Circuito Exterior Mexiquense en más de 25 kilómetros sobre cuerpos de agua de competencia federal (el lago de Texcoco y el Canal Nacional). Esto implicaba la suspensión de la obra, medida que OHL tardó varios días en acatar.
Sabiendo lo delicado de la acción, mantuve informados a mis superiores desde la primera visita legal que hicimos a la obra y di seguimiento puntual a cada uno de los actos jurídicos.
OHL siempre alegó que el gobierno del Estado de México había consultado a Semarnat sobre la necesidad de una Manifestación de Impacto Ambiental Federal y ésta le respondió que no la requerían por la obra en sí (pero que podrían llegar a requerirla por especificidades del trazo). El gobierno del Estado y su concesionaria ignoraron por completo este requisito.
Una vez detenidas las obras comenzaron las llamadas del gobernador Arturo Montiel, al Procurador Ambiental José Luís Luege y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas, quienes hasta donde supe no le contestaron. Me reuní en varias ocasiones con funcionarios del Estado de México y de OHL, incluido el protagonista de las grabaciones de esta semana, Pablo Wallentin. OHL obtuvo un amparo, que luego un juez revocaría en una apelación presentada por Profepa.
Al final de cuentas, lo que Arturo Montiel inauguró fue una obra que se había pasado por el arco del triunfo las obligaciones legales de carácter ambiental. Al renunciar a Profepa dejé de dar seguimiento tanto al juicio de amparo que mencioné como a los trámites de las siguientes etapas del Circuito Exterior Mexiquense, que añadió 14 kilómetros sobre el lago de Texcoco.
Tiempo después, en una plática con Andrés de Oteyza, presidente de OHL México, salió el tema. Me di cuenta de que jamás comprendieron la gravedad de su falta. Siempre creyeron que fue un tema burocrático de mi parte. Las grabaciones ventiladas esta semana, son finalmente congruentes con esta situación: la legalidad es una monserga.
OHL, como otras empresas que han obtenido beneficios de sus buenas relaciones públicas con gobierno, operan en el límite de la legalidad, obtienen contratos, concesiones y decisiones gubernamentales en la mesa de restaurantes de lujo y no en procesos transparentes.
En México resulta normal que un título de concesión sea información reservada, a pesar de que están en juego bienes y servicios públicos. También resulta normal que las autopistas tengan corridas financieras conformadas con datos ficticios para lograr una tasa interna de retorno objetivo, al fin que hay otras formas de hacer viable el negocio, incluyendo rescates gubernamentales, trucos contables y uso de información privilegiada para negocios paralelos.
El escándalo de OHL exhibe, de nuevo, que los beneficios de las autopistas urbanas están muy lejos de ser sociales. Es una política que impone costos a toda la sociedad y beneficios al 3% más rico de la población. Hoy funcionarios locales y federales “planean” con estas empresas nuevos tramos, sin que dediquen las mismas horas, recursos o entusiasmo a proyectos que benefician al resto de la población, que no puede pagar la infraestructura u operación del transporte público que necesita.